ERP. Es vergonzoso como los ministros del actual régimen se “lava las manos” respecto a la promulgación de la Ley que legisla sobre delitos de lesa humana e imprescriptibilidad. En última conferencia de prensa, ante una pregunta periodística, de inmediato el premier Gustavo Adrianzén espetó “no la hemos promulgado nosotros” para luego ser ampliada la respuesta por el Ministro de Justicia.

ERP. El presidente del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula políticas nacionales con las Entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, en ninguna parte de la norma se precisa que es el defensor abogadil de la presidenta de la República, por los casos que la vinculan. Hacer lo contrario, mejor dicho, hacer de abogado o de “escudero” no corresponde y es un uso indebido del cargo.

ERP. La democracia peruana dejó de serlo desde la caída de Pedro Castillo Terrones. Su gestión marcada por su nivel de ignorancia de Estado, nos expuso y dio pie a una campaña desmedida en su contra, en tanto que el ignaro presidente no pudo darse cuenta que el objetivo de destrucción era él y que los enemigos políticos aprovecharían su vulnerabilidad para traérselo abajo y lo lograron.

ERP. El Poder Ejecutivo ha decidido plantear una demanda competencial, para que no se investigue a la presidenta de la República, retrotrayendo la interpretación de la Constitución a las épocas previas de Pedro Castillo Terrones. El Poder Judicial en su momento validó que un mandatario si es posible de ser investigado y quedó igualmente firme que no puede ser acusado en cuanto sea presidente.

ERP. Una clase política irresponsable, actúe impunemente agravando la crisis política que generaron tras los triunfos de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo Terrones; lo hacen afectando el Estado de Derecho, rompiendo el equilibrio de poderes e independencia de instituciones públicas, además, de generar las condiciones para un presunto fraude electoral en el 2026.

ERP. Muchos comentaristas que siguen de cerca lo que pasa en Perú, se preguntan en sus propios medios o en entrevistas, respecto a la ausencia de protesta, frente a los actos arbitrarios que realiza una mayoría congresal encarama en el Congreso y que cuenta con el arrodillamiento de la presidenta sustitutoria, para los fines protervos que tienen como objetivo poco disimulado.

ERP. El Tribunal Constitucional con una poco disimulada intención de favorecer a la fiscal suprema Patricia Benavides se ha avocado al conocimiento de causas pendientes en el Poder Judicial y después de suspender la ejecución de una medida cautelar y ha restablecido el pleno efecto de la inhabilitación que se dio contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez.

ERP. Dos hermanas trabajaban todos los días, obteniendo el “pan del día” con su esfuerzo, su dedicación y constancia, recientemente, unos pistoleros ingresaron a su negocio, dispararon a mansalva y una de ellas falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por las balas. Un abogado, transitaba tranquilamente, sin presagiar que sería interceptado y matado en una urbanización de Sullana.

ERP. Este 5 de abril se cumplen 32 años desde la infausta decisión de Alberto Fujimori, de quebrar la democracia e institución e imponer un gobierno de facto. Disolvió no solo la Cámara de Diputados, sino igualmente la Cámara de Senadores, bajo pretextos fútiles, que le permitió reconvertir su gobierno democrático en uno autocrático, que termino en violador de los derechos humanos y corrupción.

ERP. Existe un concepto equivocado que pretende poner en primer plano y como el máximo poder del Estado al Congreso; sin embargo, tal argumento es totalmente faso, porque las competencias se encuentran distribuidas en diversas entidades, las cuales ejercen dichas prerrogativas con independencia y autonomía. El Congreso, es competente y le corresponde dar Leyes y otras precisadas en la Constitución.

Fotografía referencial

ERP. Recientemente, la mayoría congresal decidió inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez. La forma como lo hicieron es totalmente cuestionable, una de las afectadas impugnó la resolución y como era de esperar no recibió respuesta. Reconstituida y con los votos que quedaron, se procedió a declarar la vacancia de los sancionados.

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