ERP. Para todos es sabido, que el denominado “pacto congresal” domina desde el Congreso de la república, las actuaciones del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional, de Defensoría del Pueblo y de la misma Junta Nacional de Justicia, además de Contraloría General de la República, se acercan las elecciones generales y se comienzan a evidenciar ventajas comparativas e inadecuadas en lo que debe ser una competencia en igualdad de oportunidades.
Una norma que se tramita desde el Congreso de la República, busca dar la llave para que los parlamentarios puedan hacer política en contienda electoral. No se trata de política de carácter general, sino de aquella vinculada a partidos políticos, porque de lo contrario no hubiera necesidad de ninguna regulación. La normativa, indica respecto a prohibiciones que los congresistas quisieran violentar con visos de legalidad.
Dina Boluarte Zegarra, si bien es cierto llegó en la fórmula presidencial de Perú Libre, también es verdad que fue captada por organizaciones aviesas, como es el caso de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, una parte de Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País y otros pequeños grupúsculos que tienen vida solo desde el Congreso, considerando que la mayoría de ellos, solo subsisten por el rol que tienen en el parlamento, pues en la civilidad casi no existen.
Justamente, se vienen replicando aprovechamientos de lustros anteriores, donde cada partido político, aprovechaba los recursos del Estado, para hacer campaña electoral en un proceso. La reelección inmediata para los parlamentarios crea las condiciones para sumar las intenciones de ser elegido, con el uso indebido de los recursos públicos. Todo esto ha sido reactualizado por este gobierno o pacto Ejecutivo-Congreso.
Aunque el Ejecutivo ha dicho que mantendrá independencia frente al proceso electoral y que garantizará su transparencia, la conducta de la presidenta, de sus ministros, lleva a dudar respecto a la credibilidad de sus afirmaciones. Este Gobierno es nada creíble, para garantizar la limpieza de las elecciones y en ese sentido, se debe estar alerta para por lo menos alertar respecto a lo irregular o ilegal.
Igualmente, si se trata de resultados fidedignos, existe duda de la actual composición del Jurado Nacional de Elecciones. El mensaje de fraude, fue enarbolado justamente por las fuerzas que ahora gobiernan de facto; no llamaría la atención, que la instancia electoral, se inclina reverente hacia estas fuerzas. La oportunidad anterior, fue tal la arremetida, que de no haber sido por el coraje y valentía de Jorge Salas Arenas, se hubiera doblegado el voto ciudadano.
Esta democracia ya no es democracia, es el sentir mayoritario del país, la población votó por José Pedro Castillo Terrones, pero los “fraudistas” hicieron todo para desestabilizarlo hasta que lo lograron e imponen a una persona que se sometió como un títere o un monigote a lo que disponen los integrantes del “pacto congresal”.
Durante estos dos años, se hizo todo lo que decían no se podía hacer. La Constitución Política del Perú se modificó como estropajo. Rehacer todo lo destruido, debe ser tarea del ganador; por supuesto, si no pertenece al “pacto congresal” de lo contrario, el Perú se seguirá deteriorando como democracia híbrida y se seguirá siendo solo una formalidad y no una realidad.
Denunciar infracciones a la Ley electoral es importante. Es garantía que Perú se encauce por una democracia verdadera y como un país que respeta la autonomía de poderes, el respeto a la institucionalidad, la división de poderes, la alternancia de autoridades y sobre todo el respeto a las garantías que debe tener el voto del ciudadano. Estar alerta frente al fraude, es fundamental.
