ERP. De acuerdo a muchos estudios, la aplicación de la pena de muerte no disuada el delito, además, de todas las deficiencias que tiene el sistema de justicia peruano. Dina Boluarte y sus ministros, han planteado un debate para aplicar esta draconiana acción a los violadores de niños, una ilusión tonta de creer que es una medida efectiva para controlar estos ignominiosos sucesos.
Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Como ha comentado las Naciones Unidas, este Día, nos centramos en cómo los derechos humanos son un camino hacia las soluciones, desempeñando un papel fundamental como fuerza preventiva, protectora y transformadora. Como ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “los derechos humanos son la base de sociedades pacíficas, justas e inclusivas”.
Perú es signatario del Pacto de San José y por lo tanto, aplicar la pena de muerte, tendría procedimientos previos, es decir ubicarnos al nivel de Venezuela y Nicaragua, denunciando ser parte del mismo y esperar el tiempo suficiente para que se consolide dicha medida. Este debate inútil, es impropio para una sociedad que debe encontrar mejores formas de fomentar la sana convivencia.
Para la presidenta, para los ministros, los altos índices de violaciones de diverso tipo estarían asociados a la falta de penas drásticas; sin embargo, observamos que este Estado se degrada como consecuencia de penas benignas para los delincuentes. Se tiene que ser draconiano, pero la pena de la muerte no resolverá nada y solo permitirá que haya más muertos y no resolver el problema que preocupa.
“Esta es una propuesta seria” expresa y dice el ministro de Justicia, haciendo un llamado a la ciudadanía, cuando es verdad que este procedimiento no corresponde en derechos humanos. La ciudadanía es importante si, pero debería centrarse en establecer un régimen político con amplia legitimidad y no un gobierno espurio como el que se tiene.
Pero este ministro, ya demostró que tiene otra misión que cumple en el gabinete y es garantizar que no se cumplan en nuestro país, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sucedió en el caso de Alberto Fujimori.
Nadie puede apoyar actos salvajes como las violaciones no solo de niños sino de mujeres y hombres en general; bastaría analizar los casos para darse cuenta que la pena es secundaria para estos delincuentes. Cuando cometen un delito, los que están al margen de la Ley, obvian toda contemplación que son explicadas por temas diversos. El Estado, debería cautelas la resolución a los asuntos diversos que inciden en el delito.
Como ha manifestado el Dr. Omar Cairo, “Salirnos del Pacto de San José alejaría al Perú del concepto de sociedad civilizada” y tiene toda la razón. En un país, inepto para identificar a los criminales, con Policía Corrupta y sistema judicial dudoso, relativiza la vida e incluso, no llamaría la atención que sean sometidos a la medida extrema, a inocentes, convirtiendo en irreparable la pérdida de esa vida.
En las redes se pueden encontrar diversas posiciones hablando del tema, dejar de lado las tareas fundamentales, es solo distraer a la ciudadanía en general, cuando perfectamente se sabe que es regresar a una etapa superada y en el caso de América, el tema se zanjó con la aprobación y suscripción del Pacto de San José, que es la única vía que debe transitar el país, como Estado y al contrario, extremar acciones para construir una sociedad más pacífica y menos polarizada.
