ERP. Lo realizado el último 16 de junio, por Liz Patricia Benavides Vargas contra el Ministerio Púbico, en su afán desmedido de tomar la Fiscalía de la Nación, es la muestra clara de la prepotencia y arbitrariedad con la que actúan desde el Congreso, por la presidencia de la República y por la Junta Nacional de Justicia, que de una manera aún poco conocida dispuso dejar sin efecto las destituciones de la exfiscal de la Nación.
Patricia Benavides llegó de manera prepotente al Ministerio Público, subió con su guardia personal hasta el noveno piso, pretendió ser recibida por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, bajo la creencia que su resolución, que solo ella y sus abogados conocen, sería la lleva que le permite ingresar zarandeando a quien o quienes se encuentran a su paso. Pero no fue así, pretendió amedrentar y no lo logró.
Alias “Vane” como era llamada en chats entre sus vinculados, fue destituida formalmente por la Junta Nacional de Justicia en su composición anterior. Se le encontró responsable de ilícitos cometidos contra dos fiscales con alta producción; en un caso para proteger a su hermana jueza acusada de liberar delincuentes dedicados al narcotráfico. Para darle visos de credibilidad falseó información.
Uno de los casos, administrativamente ya fue ratificado; sin embargo, abogados de Patricia Benavides, conocedores que la nueva Junta Nacional de Justicia, era un “parto” del “Pacto congresal” presentaron sendas impugnaciones, avocándose al conocimiento y resolviendo de manera pública uno de ellos, pero el segundo, prácticamente se habría realizado entre bambalinas, porque no existe vídeos donde se narre el proyecto de resolución y como votaron los magistrados.
No existe mucha duda, que esta Junta Nacional de Justicia, depende del denominado "Pacto congresal" y responde a los intereses de tener dominado tanto al Ministerio Público, como al Poder Judicial.
Al inicio de su gestión, precisamos que la Junta Nacional de Justicia, demostrará con su accionar de cada lado está, si del respeto irrestricto de la Constitución y las Leyes o si obedecía ciegamente al “Pacto congresal” que desde el Congreso mangonea a la presidente de la República, a Defensoría del Pueblo, a Contraloría General, al Tribunal Constitucional y ahora con pruebas fehacientes a la Junta Nacional de Justicia.
Es la “mafia” operando sin tapujos, lo cierto que la Junta Nacional de Justicia, que no le interesa trasgredir competencias constitucionales del Ministerio Público, fue conformada en un proceso oscuro, que no cumplía los estándares internacionales y se cree, bajo el sometimiento de la conveniencia para sus fines protervos. La realidad viene demostrando que tenían razón cuando se cuestionaba el proceso.
Es por eso que Alias “Vane” llegó al Ministerio Público desafiante, soberbia, arbitraria, con seguridad privada, con una portátil de transgresores de la legalidad, para tomar la Fiscalía de la Nación, porque así lo resolvía la Junta Nacional de Justicia. Los trabajadores, acordonaron el lugar, en clara muestra del respeto a la institucionalidad. Por lo menos en el primer día se hizo respetar el estado de derecho, pero después no se sabe.
Delia Espinoza Valenzuela, Fiscal de la Nación, no se amilanó, recibió el respaldo de Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos, y en pronunciamiento público denunció un golpe a la democracia. Lo cierto, que la población es consciente respecto al oscuro proceso representando por Patricia Benavidez, pero ya está cansada de un régimen ilegítimo y sobre todo mafioso.
Tras bambalinas, se encuentran los parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre. Acción Popular y la misma presidenta de la República, permitiendo este latrocinio contra el poder legítimo y constitucional que significa el Ministerio Público. Algo debe hacer la sociedad civil para impedirlo.
