ERP. En una rápida intervención, agentes de la comisaría rural PNP Salitral, en Morropón, lograron la desarticulación de la banda delictiva “Los Injertos de Chiclayo”, implicada en el presunto delito de hurto agravado. El hecho ocurrió en el caserío La Alberca, distrito de Salitral, provincia de Morropón.

ERP. El 22 de septiembre de 2002, por iniciativa de Andrés Vera Córdova, Guery Cárdenas García y Luis Felipe Adrianzén (ya fallecido), nació El Regional de Piura. Su aparición se dio en el marco del auge de Internet y de las nuevas tecnologías de la información, marcando una transición hacia una forma de hacer periodismo más inmediata, interactiva y versátil.

ERP. Una vez más, los medios de comunicación revelan presuntas implicaciones de dos ministros en gestiones indebidas destinadas a favorecer intereses privados y sobre todo a favor de la delincuencia. Nos referimos a los señalamientos contra Juan José Santivañez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien habría intercedido para beneficiar a un policía condenado.

ERP. El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Castilla, dirigido por el fiscal provincial Lenny More, obtuvo se condene a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva a José G.S., como autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad.

ERP. El Tribunal Constitucional nació originalmente como Tribunal de Garantías, con sede en Arequipa, y posteriormente adoptó su denominación actual como garante de la constitucionalidad. En sus conformaciones pasadas, con más reconocimientos que cuestionamientos, sus resoluciones se dictaban con apego al derecho, sin mayores dudas sobre la objetividad de sus fallos. Sin embargo, los tiempos han cambiado.

ERP. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra convocó recientemente a militares y promotores de la llamada “Ley de Impunidad” para promulgar una norma que busca otorgar amnistía a responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos. Se trata de hechos cometidos por uniformados que, lejos de proteger a la población, ejecutaron asesinatos y abusos contra hombres, mujeres y niños. El caso de Accomarca es uno de los ejemplos más representativos de la brutalidad con la que se perpetraron estas violaciones.

ERP. El régimen que encabeza Dina Ercilia Boluarte Zegarra viene consolidando al Perú como un Estado que actúa al margen de la Constitución y de las convenciones internacionales suscritas por el país. Primero ocurrió con el polémico indulto a Alberto Fujimori, detenido tras su dación por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que el Tribunal Constitucional —con una cuestionada interpretación— decidió validar la medida bajo el argumento de que “el Estado peruano no puede aceptar imposiciones externas”.

ERP. Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Muchos creyeron que, como hoy Dina Boluarte, se alinearía con el fujimorismo; sin embargo, su decisión de actuar con independencia lo llevó a disolver el Congreso, medida declarada constitucional, pero que le granjeó poderosos enemigos políticos cuyos enconos persisten hasta hoy.

ERP. El 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la política peruana con la destitución de Pedro Castillo Terrones de la Presidencia de la República. Aquel episodio, lejos de significar un restablecimiento del orden democrático, representó —según amplios sectores críticos— la toma del poder real por parte de una mayoría parlamentaria que ha profundizado el deterioro institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y el abuso del poder legislativo.

ERP. Varios ciudadanos en diversas jurisdicciones de la región Piura y seguramente a nivel nacional, vienen pintando murales con su nombre autoproclamándose aspirantes a gobernador o alcaldes. Es parte de la ambición de personajes que creen tener méritos sociales y políticos suficientes para ser elegidos en dichos cargos, sin embargo, olvidan el contexto y la realidad de un proceso.

ERP. La Junta Nacional de Justicia, que fue conformada por funcionarios alineados en su mayoría al “Pacto congresal” que gobierna el país, ha emitido en total secretismo, una resolución que repone a la defenestrada Patricia Benavidez Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, obviando que no es su competencia y además, pasando por alta que la causa por la destitución se tramita en el Poder Judicial.

ERP. Lo realizado el último 16 de junio, por Liz Patricia Benavides Vargas contra el Ministerio Púbico, en su afán desmedido de tomar la Fiscalía de la Nación, es la muestra clara de la prepotencia y arbitrariedad con la que actúan desde el Congreso, por la presidencia de la República y por la Junta Nacional de Justicia, que de una manera aún poco conocida dispuso dejar sin efecto las destituciones de la exfiscal de la Nación.