ERP. Es común escuchar a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, que el mundo se siente admirado por como se gestiona el país e incluso en la víspera, en alocución alucinada criticó a quienes no la entienden; sin embargo, Human Rights Watch, realizó un Informe donde desnuda lo que realmente es Perú en este lustro, donde el Congreso adopta decisiones que promueven el crimen organizado y el Poder Ejecutivo se lo permite.
“En los últimos años, el Perú ha experimentado un alarmante auge del crimen organizado. Diversos grupos criminales han expandido progresivamente su presencia en todo el país, ejerciendo influencia sobre sectores clave de la economía, incluyendo la minería de oro y el transporte. En 2024, el Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, y la mitad de estos asesinatos han sido atribuidos a sicarios. Las denuncias por extorsión alcanzaron su punto máximo en 2023 y se mantuvieron en niveles elevados en 2024” indican en resumen del Estudio.
Como es de conocimiento nacional, tras el intento de golpe de Estado de José Pedro Castillo Terrones, quienes antes lo criticaban por no aceptarlo como presidente, se pusieron de acuerdo para erigir como su reemplazante a Dina Boluarte Zegarra, a quien mantienen hasta el momento; para no caer, esta presidenta autorizó el uso de las armas para atemorizar a quienes la rechazaban, ello causó más de 50 muertes, en tanto que extorsiones y el sicariato se extendía.
Según Human Rights Watch “Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar”.
Se precisa como recuento de lo visto que entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, policías, jueces, defensores ambientales, periodistas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, para obtener información sobre la expansión del crimen organizado en el Perú y el rol de las autoridades en permitir o facilitar su avance. También analizamos 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022.
Pero en el Informe difundido por Human Rights Watch, no se queda corto y analiza incluso la actuación de las instituciones peruanas, entre ellas el Congreso de la República, que tiene un actuar sospechoso y de aparente vinculación con el crimen organizado; el Tribunal Constitucional servicial al Pacto Congresal, Defensoría del Pueblo que dejó el rol que la caracterizada, generalizando, precisa que este tipo de prácticas “(…) ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado”
Precisa que “El Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos. Además, ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide al Ministerio Público perseguir penalmente a los responsables de la destrucción ambiental. También ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción”
Respecto a la mandataria es contundente “Aunque el gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado. Al igual que otros líderes de la región, Boluarte ha recurrido a declarar “estados de emergencia” que suspenden derechos constitucionales como principal herramienta contra la delincuencia. Los datos y testimonios recopilados por Human Rights Watch muestran que estas medidas no han logrado reducir los homicidios”.
Asimismo, son críticos de la situación actual indicando “Los actuales congresistas y la presidenta Boluarte, o quienes los reemplacen tras las elecciones de abril de 2026, deberían revertir o modificar las leyes, políticas públicas y normas que han debilitado la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Perú, garantizando la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y adoptando medidas para proteger los derechos a la vida y a la integridad física de la población”.
Pese a esta realidad, innegable para la casi totalidad de peruanos y peruanas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, siguen actuando como si nada pasara en el país, y quienes osan criticar las acciones, son calificados como “caviares”, en tal sentido, el Informe de Human Rights Watch, es indispensable para organismos como la OCDE, tengan en consideración en sus comrpomisos en negociación.
Recordemos que la Constitución Política del Perú ha sido retaceada a antojo, el Tribunal Constitucional se aleja de los convenios sobre derechos humanos y no le interesa resolver incluso en contra de la Carta Magna, y tanto el Congreso como el actual Ejecutivo, no garantizan que en las próximas elecciones se garantice el voto ciudadano y lograr por lo menos “(…) garanticen su derecho a vivir libre de la violencia del crimen organizado”
