ERP. Los tiempos avanzan y los problemas se agravan; son palabras que sintetizan lo que realmente significa el gobierno que preside Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el poder real asentado en el Congreso de la República. El Perú es gobernado de facto, por quienes perdieron las elecciones y lograron captar a la mandataria para sus fines protervos. Desde que asumieron el poder en el 2022, han adoptado las peores acciones.
Más allá de las acciones cometidas por el poder de facto que incluye a la “rehén”, se encuentra las reales percepciones de la propia población, la misma que en el 2024 se expresó en las calles, protestando pese a los riesgos de perder la vida y también se expresan mediante respuestas a preguntas que realizan encuestadoras peruanas, que consideran tanto Presidenta como Congreso, se encuentran debajo del 5% de aprobación.
Esta ilegitimidad que pudo superarse con decisiones democráticas, se ha fortalecido manteniendo en el cargo a una mujer sin ningún tipo de condiciones, que ha sido copada por personajes oscuros que fungen de ministros y que avalan las decisiones arbitrarias del Congreso y soslayan los delitos y errores de la mandataria que se encuentra envuelta en su propio laberinto.
Lo lamentable en este desorden o abuso del poder, es haber permitido durante el 2024, la dación de leyes que protegen a los delincuentes, que flexibilizan normas para favorecer a quienes actúan al margen de la Ley y que necesitan protección. Debido a la aviesa posición de los parlamentarios se ha facilitado acuerdos congresales con impacto para todos los peruanos y peruanas.
A cambio de ser permisiva, se le ha permitido a la mandataria, que sus ministros hagan lo que quieran y sus propios errores como lo sucedido con el vehículo “El cofre”, los entuertos de los regalos que recibió de Wilfredo Oscorima y que ha devenido en investigaciones penales y además disculparle las patinadas por su falta de pertinencia y limitada capacidad intelectual.
Asimismo, la ilegitimidad se observa en cada concentración pública, cuando es gritada como “Dina asesina”; y otros adjetivos, que la obligan a realizar cordones de seguridad, contando en algunos casos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y casi siempre con el despliegue de la Policía Nacional del Perú. Sus errores son tales, que llama la atención que lo mismo hubiera significado un “terremoto” si se hubiera tratado de Pedro Castillo.
En este laberinto de régimen, el Congreso no ha tenido contemplación alguna en emitir leyes que transgreden la Constitución Política del Perú y que prácticamente han convertido en un caos el derecho penal. Los jueces han tenido, en algunos casos, que recurrir al control difuso y convencional para inaplicar normas creadas con el único fin de favorecerse o favorecer a los grupos que representan.
Sin embargo, si bien es cierto que la sociedad civil fue reprimida hasta el miedo, perdieron ese natural temor y salieron a las calles desde el mes de septiembre e incluso diciembre, para hacer sentir su voz; sin embargo, la inefable mandataria, prefirió la respuesta con palabras escritas y nunca frente a periodistas independientes que puedan preguntar con toda la libertad que se merecen.
Este 2025 seguramente se agravarán las crispaciones, se multiplicarán las protestas y pedirán que la mandataria retorne al espacio del cual nunca debió emerger; sin embargo, por los delitos cometidos su futuro no es tan optimista y es posible que termine privada de la libertad, tal y conforme ha sucedido con Alejandro Toledo, sucedió antes con Alberto Fujimori y seguro sucederá pronto con Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
No existe mucho futuro para Perú, su democracia ha sido destruida, la Constitución modificada a antojo y se han dado muchas leyes contrarias a la Constitución. La actual composición del Tribunal Constitucional ha contribuido a este desbarajuste; pero podría rectificarse para lograr que se retorne a la democracia, que aunque precaria, se tuvo antes de ser defenestrado Pedro Castillo Terrones.
