ERP. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 31056 que asegura la formalización de la propiedad irregular, ampliando los plazos de ocupación de las posesiones informales hasta el 31 de diciembre del 2015. Este proceso permitirá a alrededor de 13 millones de peruanos y peruanas ejercer el derecho a vivir digna y adecuadamente, favoreciendo el saneamiento físico legal de los terrenos, procesos de levantamiento de información catastral, la dotación de servicios básicos y el acompañamiento técnico del proceso autoconstructivo y construcción progresiva, entre otros.
La congresista del Partido Morado por Piura Angélica Palomino, promotora de esta ley, indicó que es un primer paso para la integración real y definitiva de millones de personas: “Esta fue una de mis principales promesas y me emociona saber que hoy finalmente ve la luz. Todos los días recibo llamadas en las que conozco situaciones realmente dramáticas de familias que tienen años viviendo sin seguridad, y que hoy despiertan con esperanza”, dijo.
La ley le da la posibilidad de formalizar su posesión a familias que llevan entre 5 y 10 años ocupando el terreno en el que viven, y que acrediten no contar con otra propiedad. A su vez, establece que en ningún caso se ejecutarán procesos de formalización de terrenos ocupados por posesiones informales constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del 2015. Los beneficiarios no podrán vender ni transferir la propiedad por el plazo de 5 años.
Para la construcción del proyecto, el Congreso escuchó y consideró la opinión de más de 10 entidades y otros actores sociales. Producto de sus recomendaciones, el proyecto incluye nuevos candados para proteger de las ocupaciones a distintas zonas como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, playas y ecosistemas frágiles como las lomas costeras. Además, excluye a los terrenos ubicados en zona de riesgo el cual no resulte mitigable, los ubicados en zonas de Muy Alto Riesgo, Alto Riesgo y Riesgo Recurrente, y en zonas intangibles.
Esta ley busca proteger del tráfico de terrenos a las familias más vulnerables del país: “Una familia con título de propiedad puede defender su terreno frente a la amenaza de las mafias, mientras que una familia sin título está más expuesta a ser expulsada de la vivienda que lleva ocupando por años y en la que ha trabajado e invertido”, añadió Palomino. “Sabemos que esta norma no es suficiente, por lo cual queremos abrir la discusión sobre la regulación de nuevas ocupaciones y promover políticas de viviendas sociales con foco en las personas en situación de pobreza. La lucha recién empieza”, finalizó la congresista por Piura.
