ERP. El Tribunal Constitucional nació originalmente como Tribunal de Garantías, con sede en Arequipa, y posteriormente adoptó su denominación actual como garante de la constitucionalidad. En sus conformaciones pasadas, con más reconocimientos que cuestionamientos, sus resoluciones se dictaban con apego al derecho, sin mayores dudas sobre la objetividad de sus fallos. Sin embargo, los tiempos han cambiado.
La actual composición del TC, integrada por magistrados con posiciones políticas definidas, refleja la inclinación hacia los grupos de poder que los eligieron. De un proceso de elección viciado y sometido a intereses, difícilmente podía esperarse una designación virtuosa. Hoy, los fallos muestran con claridad una orientación interesada antes que una interpretación estrictamente constitucional.
Son varios los ejemplos que lo evidencian. Se convalidó, por ejemplo, una ley que otorgaba al Congreso iniciativa de gasto, pese a que la Constitución reserva esa prerrogativa al Poder Ejecutivo. También se violentó la Carta Magna al permitir que una presidenta cuestionada ejerciera funciones desde el extranjero, eludiendo un pronunciamiento técnico y legal.
Tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, se activaron objetivos de la derecha peruana, centrados en liberar a Alberto Fujimori. El TC acogió como “atendible” la solicitud de un tercero que se arrogó la defensa del exdictador, desestimando las recomendaciones expresas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La politización del máximo intérprete de la Constitución se hace más evidente en la actuación de algunos de sus magistrados, quienes, en lugar de sostener un papel imparcial, se comportan como abogados de determinadas causas, restando toda importancia a la transparencia de sus decisiones. No sorprende entonces que se allane el camino para anular procesos judiciales y absolver a políticos que, pese a estar comprometidos con la recepción de dineros ilícitos, reciban un trato benevolente.
La tendencia es clara: Fuerza Popular ha sido favorecida con fallos que retrotraen juicios clave, con la posibilidad de anularlos definitivamente mediante habeas corpus; también se benefició al hermano del líder de Alianza para el Progreso, al eliminar pruebas que lo comprometían. Y no sería extraño que, en breve, se extienda la misma indulgencia a Vladimir Cerrón, hoy prófugo, pero cuyo partido Perú Libre integra el pacto congresal junto con Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, APP y Acción Popular.
En este escenario, el verdadero peligro es el deterioro de la democracia. De un país que, aunque de forma imperfecta, transitaba hacia el respeto de la institucionalidad, hemos pasado a una democracia híbrida que amenaza con vaciarse de contenido. La eventual salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos sería el golpe final.
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Solo un electorado informado y crítico puede evitar este retroceso y contribuir a la recuperación de un país que, pese a sus limitaciones, alguna vez se esforzó por mejorar su democracia y fortalecer sus instituciones.Evitemos que la flema de estos magistrados, confundan a la población peruana respecto a sus verdaderas posiciones e intereses personales y políticos.
