ERP. Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión, la exigencia ciudadana fue clara: convocar a elecciones. Sin embargo, se consolidó un pacto congresal dispuesto a blindarla sin importar sus errores. Tras casi tres años, esas mismas fuerzas —corroídas por la corrupción— junto con los sectores que siempre buscaron destituirla, terminaron por vacarla con una celeridad inusual.
La realidad es que Boluarte fue tan ignorante en el ejercicio del poder como su predecesor Pedro Castillo, con la diferencia de que este último fue elegido en las urnas. La sociedad civil, cansada de problemas irresueltos, decidió movilizarse pese a las amenazas, asociando en sus protestas no solo la incompetencia presidencial, sino también la complicidad de sus aliados.
Transportistas y comerciantes, golpeados por la extorsión y el sicariato, alzaron su voz contra un Ejecutivo irresponsable y complaciente. A ellos se sumaron los jóvenes de la llamada Generación Z, indignados al descubrir los intentos de favorecer a las AFP bajo el pretexto de “modernizar” el sistema previsional. Pese a la represión policial, hicieron sentir su descontento.
Mientras tanto, el rechazo al régimen crecía y Boluarte continuaba con discursos vacíos en cada actividad oficial. Su aparente protección por parte de una “mafia congresal” la envaneció y profundizó su soberbia. Sus declaraciones, más que errores, eran muestra de ignorancia y de una vanidad alimentada por ministros obsecuentes.
Si Dina Boluarte fue un error promovido por Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Podemos, su reemplazo difícilmente puede considerarse un acierto. La democracia se legitima con el voto popular, pero esta clase política no parece dispuesta a ceder el poder.
La sucesión recayó en José Enrique Jerí Oré, un político de 39 años, formado en la Universidad Federico Villarreal y titulado en la Inca Garcilaso de la Vega. En su primer discurso dejó en evidencia limitaciones conceptuales y una débil comprensión de los problemas nacionales, lo que no augura mejoras. A ello se suma su historial de cuestionamientos judiciales y, sobre todo, su condición de representante del pacto congresal, que condicionará cada una de sus decisiones. Como presidente del Congreso ya demostró ser funcional al fujimorismo, que sigue moviendo los hilos del poder pese a no ganar elecciones.
La vacancia de Dina Boluarte representa un acto de sanidad política; sin embargo, las causas de la precarización del poder presidencial siguen intactas y persistirán mientras no exista un voto mayoritario por fuerzas genuinamente democráticas y no por partidos que, aunque se proclamen como tales, en el fondo son autoritarios.
Por ahora, la ciudadanía tiene claro que votar por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, Acción Popular o Somos Perú significa continuar atrapados en el mismo círculo vicioso. Si realmente se aspira a un país democrático, es necesario dejar atrás esas tentaciones autoritarias.
