ERP. El Perú atraviesa momentos críticos y lamentables. Como democracia, enfrenta un retroceso que bordea el autoritarismo, mientras la delincuencia común avanza afectando la vida de los ciudadanos, y la delincuencia “de cuello y corbata” actúa con total impunidad, utilizando las facultades del Estado para reprimir a quienes exigen cambios y rechazan el deterioro institucional.
Para iniciar este editorial, diremos que el presidente del Congreso encargado Fernando Rospigliosi fue un crítico mordaz del fujimorismo del cual ahora es aliado; en el caso del presidente de la República encargado José Enrique Jeri Oré, fue denunciado por violación sexual, en un oscuro caso que fue archivado con prontitud sospechosa. Además de los mencionados una retahila de congresistas tienen serias denuncias al igual que funcionarios del Poder Ejectuvi.
De acuerdo con The Economist, el Perú es una democracia híbrida, concepto que alude al contraste entre el formalismo democrático y la realidad autoritaria. En nuestro caso, dicha realidad se traduce en el irrespeto al voto ciudadano, la destrucción de la institucionalidad, la vulneración de los derechos humanos —con heridos y muertos en protestas sociales— y la manipulación de los procesos judiciales y administrativos en casos emblemáticos.
Uno de los aspectos más evidentes de esta degradación democrática ha sido la obstrucción sistemática del Congreso para perjudicar a presidentes legítimamente elegidos. Pedro Pablo Kuczynski fue vacado por presuntos delitos que hasta hoy no se prueban, mientras que el caso más escandaloso fue el de José Pedro Castillo Terrones, vencedor indiscutible en las urnas, pero cuyo triunfo fue desconocido por una clase política conservadora que nunca aceptó su origen popular ni su agenda de cambio.
Desde el 2016, la institución presidencial ha sido la más golpeada. Las vacancias arbitrarias, sustentadas en el ambiguo concepto de “incapacidad moral permanente”, han dejado una sucesión de gobiernos precarios: Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y, posteriormente, tras la destitución de Castillo, Dina Boluarte y ahora José Enrique Jerí Oré.
La “incapacidad moral permanente” se ha convertido en un instrumento político sin definición jurídica clara. El Tribunal Constitucional (TC), tan presto a pronunciarse en otros temas, ha sido incapaz de regular su aplicación. Así, los congresistas mantienen esta figura como una espada de Damocles sobre el Ejecutivo: basta contar con los votos para derribar a un mandatario.
Actualmente gobierna un representante del llamado “pacto congresal”, sin haber sido elegido en las urnas y con el respaldo circunstancial de quienes se han erigido de facto como el poder real del país.
Esta precarización del Estado ha contaminado las principales instituciones. El Congreso ha impuesto funcionarios serviles a sus intereses, debilitando órganos que antes gozaban de respeto. El Tribunal Constitucional, otrora conformado por juristas de prestigio, hoy está integrado por personajes complacientes con el poder fáctico. Sus fallos responden primero al “pacto congresal” y luego a los sectores de derecha —como el fujimorismo— que buscan preservar el status quo y bloquear toda reforma democrática.
Gracias a estos acomodos no existe actualmente equilibrio de poderes y el pueblo no tiene la opción de expresarse mediante referéndum, procedimiento minimizado y condicionado para su desarrollo. Pese a ser una decisión mayoritaria, se ha dejado sin efecto decisiones que obedecen a un resultado democrático, como lo fue la bicameralidad que ha sido restituida.
Tampoco se salva la Defensoría del Pueblo, que ha dejado de actuar conforme a la Constitución para convertirse en defensora de intereses políticos. Su participación como amicus curiae en defensa de Dina Boluarte o su solicitud al TC de pronunciarse sobre leyes inconstitucionales evidencian su pérdida de independencia. Someter al TC al control de constitucionalidad, es simplemente cándido e ingenuo por estar infestado por una composición cuestionada.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tampoco escapa a este deterioro. Elegida bajo cuestionamientos y sin transparencia, ha adoptado decisiones arbitrarias que favorecen a fiscales cuestionados y sancionan a quienes muestran independencia como es el caso del perjuicio contra Delia Espinoza. Su actuación se complementa con los fallos del TC, configurando un escenario de control político total sobre la justicia.
La reciente suspensión de la fiscal de la Nación y el avance paralelo de una inhabilitación en el Congreso contra la fiscal Delia Espinoza revelan un “juego en pared” entre poderes, cuyo propósito final es capturar por completo el Ministerio Público, dejando solo pendiente el control del Poder Judicial.
En este contexto, el Estado peruano luce anacrónico y deslegitimado, tolerando la corrupción incluso en personajes acusados de delitos graves. Mientras tanto, es incapaz de enfrentar la delincuencia común, la minería ilegal o la violencia creciente. Resulta indignante que se permita el desorden en las calles de Lima con mineros ilegales acampando libremente, mientras se reprime con violencia a los jóvenes de la Generación Z que protestan por decisiones políticas ilegítimas.
El Perú puede salir de este laberinto, pero solo si el ciudadano vota con conciencia y sanciona a esta clase política corrupta y autoritaria. Se requiere elegir representantes que respeten el Estado de derecho, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos. De lo contrario, y aunque se niegue, el país seguirá pareciéndose cada día más a Venezuela.
