ERP. Una vez más, los medios de comunicación revelan presuntas implicaciones de dos ministros en gestiones indebidas destinadas a favorecer intereses privados y sobre todo a favor de la delincuencia. Nos referimos a los señalamientos contra Juan José Santivañez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien habría intercedido para beneficiar a un policía condenado.
En cada juramentación de gabinete, la presidenta Dina Boluarte —a quien muchos califican como mandataria por accidente— repite solemnemente que sus ministros ejercerán el cargo con rectitud y sin actos de corrupción. Sin embargo, la realidad contradice sus palabras: sobre ella misma pesan acusaciones y, entre sus ministros, destaca el propio Santivañez, cuestionado por carecer de la ética y solvencia moral que exige un puesto de tan alto nivel en el Poder Ejecutivo.
Según la denuncia difundida por el programa Panorama, cuando Santivañez ocupaba el Ministerio del Interior recibió la visita de familiares de un policía sentenciado, un caso ya expuesto anteriormente y que no solo lo compromete a él, sino que alcanza a un magistrado del Tribunal Constitucional e incluso, con las recientes revelaciones, al presidente del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo, blindado por el denominado “Pacto Congresal”, se mantiene incólume hagan lo que hagan. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y otras bancadas han demostrado que, cuando se trata de proteger a la presidenta y a sus ministros, cierran filas incluso en torno a la corrupción y la criminalidad.
Fiel a su estilo, Santivañez apareció en medios a través de su abogado para negar las evidencias, alegando que los audios difundidos deben ser homologados y que la voz no es suya. Una estrategia defensiva previsible que, sin embargo, se sostiene gracias a la complacencia y el silencio de la presidenta Boluarte, cuya tolerancia hacia estas prácticas la convierte en cómplice por omisión.
La política peruana ha caído a niveles alarmantes: lo que antes generaba escándalo hoy se normaliza, siempre que convenga a intereses partidarios o personales. La permanencia de Dina Boluarte en el poder ha implicado aceptar irregularidades y tolerar indicios graves de corrupción, comprometiendo no solo al Ejecutivo sino también al Congreso que la respalda.
Es urgente profundizar en estas denuncias y retomar el camino del respeto a los valores democráticos y a la ética pública. En nombre de la gobernabilidad no puede admitirse que lo torcido se legitime, lo insano se normalice y que los responsables de fiscalizar actúen como cómplices de las malas acciones y promotores de la impunidad..
