ERP. Perú es un estado fallido, su democracia manoseaba por pocos y desacreditada a nivel nacional e internacional; durante los dos últimos lustros lo ilegítimo se ha institucionalizado y varios presidentes no elegidos directamente han sido perennizados como si su derecho fuera incólume; basta una pequeña acusación que se convierte en grande al signarlos como “incapaces morales permanentes” un híbrido que significa todo.
Si la salida de Pedro Pablo Kuczynski tuvo por lo menos formas y personajes con calidades profesionales y políticas para la transición, la situación fue diferente después de la vacancia de José Pedro Castillo Terrones, su primera reemplazante una analfabeta funcional y el segundo un “poca cosa” que ha incorporado el show en sus actuaciones públicas.
La democracia se ha desmerecido con el trastocamiento del equilibrio de poderes y respeto constitucional de sus competencias; se tiene un Congreso que se cree superpoder, que decide no solo leyes con perjuicio nacional, sino que en lo individual legislan de acuerdo a interés particular, como, por ejemplo, permitirse que exmilitares congresistas validen un doble sueldo, contrario a las leyes.
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El Tribunal Constitucional es un ente que resuelve de acuerdo a intereses y justifica cada una de sus arbitrariedades bajo el supuesto que sus resoluciones deben de cumplirse y estas generalmente, son dándole la razón a la mayoría congresal, que a sabiendas que les darán fallo favorable respecto a leyes impropias, recurren para que les digan que su decisión es constitucional.
Lo hacen con descaro, sin vergüenza, la mayoría más parecen abogados defensores de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, quitan competencias al Poder Judicial y encumbran al Congreso como un poder inimpugnable; luego trabajan en pared con sus similares, es el caso de evitar que la Junta Nacional de Justicia, tenga que ejecutar una decisión del Poder Judicial; se alían con el interés oscuro.
La Defensoría del Pueblo no tiene mayor interés por justicia para los asesinados en este régimen, prefiere presentar Amicus Curiae a favor de un sentenciado o apersonarse en otros casos de intereses subalternos. El personaje que ahora detenta el cargo, es fiel y servil a los intereses que lo pusieron en dicho lugar y tampoco le interesa mucho; es sin duda, la peor etapa de esta institucional, defensora de los derechos humanos.
La Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, ha sido suspendida por un ente sometido como es la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial decidió su reincorporación; pero leguleyadas impidieron que la medida se cumpla; después el Congreso de la República la ha inhabilitado y en su remplazo ha sido nominado de manera interino, un fiscal investigado por actos de corrupción.
Los responsables de todo lo que viene sucediendo, tienen partidos y nombres propios que deberán averiguarse para ser sancionados por el vato, obviamente, si se deja que ese voto se respete y sea real; la posibilidad de un fraude no se encuentra lejano; tras la derrota que estas fuerzas sufrieron por parte de Pedro Castillo, han dado medidas que les permite tener discrecionalidad respecto a la información electoral.
Estos temas y otros, se encuentran presentes en el próximo proceso electoral a realizarse en el 2026; primero es sancionar al mal gobernante que sin respeto alguno destruyeron los cimientos de la democracia y luego elegir a los políticos más adecuados para reestructurar todo lo destruido. La decisión está en el elector peruano, es el 12 de abril el empoderamiento real y depende de millones de peruanos y peruanas decir basta a las acciones antidemocráticas que se han enseñoreado durando los últimos años.
