ERP. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra convocó recientemente a militares y promotores de la llamada “Ley de Impunidad” para promulgar una norma que busca otorgar amnistía a responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos. Se trata de hechos cometidos por uniformados que, lejos de proteger a la población, ejecutaron asesinatos y abusos contra hombres, mujeres y niños. El caso de Accomarca es uno de los ejemplos más representativos de la brutalidad con la que se perpetraron estas violaciones.
Lejos de fortalecer la institucionalidad, Boluarte ha convertido al Poder Ejecutivo en un instrumento para concretar las aspiraciones de sectores interesados en encubrir delitos. No se trata de militares que cumplieron con su deber en la lucha contra el terrorismo, sino de quienes aprovecharon el uniforme para matar y violentar a personas indefensas, incluyendo mujeres.
Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas provisionales para frenar la aplicación de esta ley, aprobada con el respaldo de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, entre otros. Todo ello pese a que la propia Corte había exhortado al Estado peruano a abstenerse de promulgarla.
De esta manera, el Congreso y el Ejecutivo pretenden convertir en “héroes” a quienes fueron verdugos, con la complicidad de organizaciones políticas que cargan con una pesada deuda moral. Cabe recordar que durante la década de los 90, oficiales probos de las Fuerzas Armadas denunciaron la degradación institucional y los abusos cometidos bajo el pretexto de la lucha antisubversiva.
Tras esta Ley de Amnistía —calificada como de “Impunidad”— se esconde también la intención de blindar a actuales responsables de muertes durante las protestas sociales, quienes temen ser procesados una vez concluido el actual régimen.
Ni militares ni policías tienen licencia para matar impunemente, y mucho menos corresponde al Estado legislar de espaldas a las víctimas y a la sociedad en nombre de una supuesta “paz social”. El Pacto Congresal ha terminado por blindar a una presidenta cuestionada por violaciones a los derechos humanos como Dina Boluarte.
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En la última audiencia de la CIDH, se advirtió el desacato del Estado peruano a sus resoluciones, lo que coloca al Perú en la misma ruta que regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua, pese a que oficialmente los condena.
Boluarte ha demostrado indigencia política y cognitiva, prestándose como instrumento de intereses oscuros desde el Congreso y otras instancias. La cuestionable actuación de los abogados del Estado ante la Corte es una muestra de la falta de respeto del Ejecutivo y Legislativo hacia el derecho internacional y la propia Constitución.
Hoy más que nunca corresponde a la ciudadanía mantenerse vigilante frente a actos arbitrarios y contrarios a los compromisos internacionales del Perú, para impedir que el poder sea utilizado como escudo de impunidad.
