ERP. La Contraloría General de la República detectó que la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, dependiente del Gobierno Regional de Tumbes (GORE), realizó la reparación de la pista de la avenida Fernando Belaúnde y de calles aledañas en la zona de Andrés Araujo sin contar con la autorización correspondiente para su ejecución, empleando un estudio de suelos no reconocido y con un supervisor que no acreditó la experiencia requerida e incumplió diversas obligaciones contractuales.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 028-2025-2-5353-AC (evaluación del 29 de enero del 2024 al 19 de mayo del 2025) la Municipalidad Provincial de Tumbes autorizó al GORE únicamente la evaluación y formulación del proyecto. No obstante, la Dirección Regional Sectorial de Transportes ejecutó la obra por un monto de S/ 4.4 millones sin contar con dicha autorización ni con documentación que sustente formalmente este encargo.
Asimismo, se determinó que la entidad modificó la denominación del proyecto de “mejoramiento” a “rehabilitación”, lo que ocasionó que no se realice el estudio de preinversión necesario para evaluar su viabilidad y conveniencia. Además, se identificó que el estudio de suelos incluido en el expediente técnico no fue reconocido por la empresa emisora.
A ello se suma que Agua Tumbes, empresa prestadora de servicios de saneamiento del departamento, informó en dos oportunidades que las redes de agua potable y alcantarillado tenían una antigüedad superior a los 20 años, por lo que recomendó su reemplazo. Sin embargo, esta observación no fue considerada y, por el contrario, se tramitó y aprobó el expediente técnico sin tomar en cuenta dicha advertencia. Del mismo modo, el proyecto o IOARR fue aprobado bajo la causal de emergencia por “peligro inminente”, sin contar con sustento técnico que respalde dicha estimación de riesgo.
Por otro lado, se evidenció que la entidad contrató de manera directa a un supervisor que no acreditó experiencia en la especialidad, situación que no fue advertida por las áreas de Administración y Abastecimiento, las cuales permitieron el inicio de las labores el mismo día en que el proveedor presentó una oferta incompleta. Además, se efectuó el pago total de la consultoría pese a que no se presentó el informe de diagnóstico, no se realizaron ensayos que garanticen los resultados obtenidos por el contratista, ni existen evidencias de que se haya contado con especialistas o efectuado estudios de topografía y suelos, ni se entregó la liquidación final del proyecto.
Estas irregularidades no solo no fueron alertadas, sino que fueron validadas por la Dirección Ejecutiva de Caminos y la Dirección Regional, instancias que intervinieron en todo el proceso de contratación y ejecución, otorgando las respectivas conformidades. Esta situación generó un perjuicio económico ascendente a S/ 89 mil y la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cuatro funcionarios.
