ERP. El doctor Guillermo Chang, profesor de la Universidad de Piura, analiza las implicancias constitucionales y políticas tras la vacancia de Dina Boluarte, así como los desafíos del nuevo Gobierno.
La reciente vacancia presidencial de Dina Boluarte ha abierto un nuevo capítulo en la historia política del país. Este hecho, de profundas consecuencias institucionales, debe entenderse como la aplicación de un mecanismo previsto en la Constitución, no como un acto arbitrario o improvisado, explica el doctor Guillermo Chang, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura.
Chang sostiene que el desenlace actual “no es otra cosa que la puesta en marcha de una norma existente que regula la incapacidad moral del presidente de la República”. Asimismo, explica que existen dos vías de vacancia: la ordinaria y la sumarísima, que es la aplicó el Congreso, con el voto a favor de cuatro quintas partes de sus miembros.
El jurista agrega que, de impugnarse el proceso, “el Tribunal Constitucional deberá evaluar si se respetaron las garantías establecidas por la Constitución y el reglamento legislativo, en torno al derecho de defensa en el procedimiento de vacancia”.
Retos del nuevo gobierno
Tras la salida de Boluarte, el nuevo presidente (y quien asuma a partir de julio) tendrán como tarea principal “restablecer la gobernabilidad y culminar el periodo presidencial en curso con estabilidad y transparencia”. Para ello, dos frentes resultan esenciales: la seguridad ciudadana y la organización de las próximas elecciones.
“El problema de la seguridad pública es complejo; hoy el país se enfrenta a redes criminales transnacionales que superan la capacidad de respuesta tradicional”, advierte. Frente a ello, propone fortalecer los sistemas de inteligencia policial y militar, e impulsar la cooperación con países vecinos para enfrentar un fenómeno delictivo que traspasa fronteras.
En el plano político, el doctor Chang enfatiza que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar elecciones libres e independientes, sin interferencias del Ejecutivo ni favoritismos hacia ningún candidato. Solo así podrá recuperarse la confianza ciudadana y demostrar que el Estado puede superar una crisis institucional dentro del marco de la ley.
Un gabinete de consenso
Desde el punto de vista jurídico y político, el profesor de la UDEP plantea que el primer paso del nuevo Gobierno debe ser la formación de un gabinete técnico y de consenso, compuesto por ministros con experiencia en gestión pública y capacidad de diálogo. Resalta la relevancia de las carteras del Interior, Defensa, Justicia y Economía, por su incidencia directa en la seguridad, la legalidad y la sostenibilidad financiera del Estado.
Sobre el perfil del nuevo mandatario, Chang indica que su escasa experiencia política no define necesariamente su desempeño, pero sí lo obliga a apoyarse en un equipo con solvencia técnica y apertura al diálogo. “Todo dependerá de los ministros que nombre; si logra formar un gabinete equilibrado, podrá conducir al país con serenidad”, afirma.
Finalmente, subraya que la vacancia no representa una ruptura del orden constitucional, sino una muestra de que las instituciones, pese a las tensiones, conservan la capacidad de responder ante una crisis. “La Constitución no solo sanciona; también protege”, concluye.
