ERP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública para evaluar la solicitud de ampliación de medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, presentada por los familiares de las víctimas. El pedido se sustenta en el agravamiento de la situación en el país, en un contexto donde —según denunciaron— el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso actúan de manera concertada para favorecer la impunidad bajo el argumento del tiempo transcurrido.
Durante la audiencia, la abogada Gloria Cano, junto con Carlos Rivera y otros defensores de las víctimas, expuso los riesgos que enfrenta el Estado de Derecho en el Perú. Alertó sobre la reciente aprobación de una ley de amnistía a favor de violadores de derechos humanos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policiales, así como sobre actos de desacato del gobierno y presiones contra jueces y fiscales.
Audiencia de Corte IDH
Por su parte, el abogado David Velasco advirtió que la norma impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso podría cerrar de manera definitiva los casos vinculados a Barrios Altos y La Cantuta. Señaló además que magistrados que ejercen control difuso y de convencionalidad vienen siendo objeto de amenazas.
Velasco también cuestionó la actuación del Tribunal Constitucional, al que acusó de desacatar las resoluciones de la Corte IDH y de sumarse a una estrategia orientada a dejar a las víctimas sin asistencia legal ni técnica, consolidando un escenario de impunidad.
En representación del Estado peruano participaron los abogados José Luis Cáceres Arce; Ángel Delgado Silva y César Pastor Briceño, quienes defendieron las decisiones adoptadas por el gobierno y el Congreso, pidiendo que no se apruebe lo solicitado y se deje que actúe la justicia interna, la cual puede no aplicar la Ley de Aministía cuestionada..
