ERP. Ante la reciente declaratoria del estado de emergencia por 60 días en diversas localidades de la región Piura debido al incremento de la criminalidad, la Contraloría General de la República inició un operativo multisectorial con el objetivo de supervisar las acciones orientadas a restablecer la paz y tranquilidad de la población, así como garantizar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana y otros servicios esenciales.
A su llegada a Piura, el contralor general César Aguilar informó que más de 30 especialistas de Lima se desplazaron junto a él para desarrollar una intensa jornada de trabajo durante dos días —lunes 29 y martes 30 de diciembre—, a quienes se suman auditores de la Gerencia Regional de Control de Piura. Las intervenciones abarcarán sectores clave como educación, salud, desarrollo social, vivienda e infraestructura, además del componente de seguridad ciudadana.
“Vamos a realizar más de 40 visitas a obras y servicios públicos en todas las provincias. Queremos constatar cómo se están brindando los servicios de seguridad ciudadana, pero también revisar hospitales, colegios e infraestructura vial”, precisó Aguilar.
Precariedad en comisarías
La primera inspección se llevó a cabo en la comisaría de El Obrero, en la provincia de Sullana, una de las zonas con mayor incidencia de delitos como robos, sicariatos y extorsiones. Allí se constató que la dependencia cuenta apenas con tres patrulleros y tres motocicletas operativas para atender a una población de más de 80 mil ciudadanos. Además, los agentes trabajan en condiciones precarias: chalecos antibalas datan de 1994, el mobiliario se encuentra deteriorado y los camarotes están en mal estado.
Una situación similar se observó en la comisaría de El Indio, en el distrito de Castilla, donde gran cantidad de vehículos incautados ocupan gran parte del local policial. Asimismo, los propios efectivos asumen los costos de limpieza de las instalaciones y el armamento que utilizan tiene más de 10 años de antigüedad.
“Existe una preocupante disparidad cuando los policías enfrentan a la delincuencia. Ellos exponen su vida por nosotros en condiciones muy desfavorables”, advirtió el contralor.
Supervisión a nivel nacional
Aguilar explicó que Piura se suma a otras regiones que vienen siendo intervenidas de forma simultánea y multisectorial. “Estamos en todo el país: Tacna, Puno, la selva. Desplegamos equipos de 20 a 30 personas para realizar operativos a profundidad. Si no conocemos la realidad del interior del país, no sabremos qué necesita la población”, subrayó.
Añadió que la prioridad institucional es que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad y advirtió que, de detectarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes. Los resultados del operativo se conocerán en las próximas semanas a través de informes que serán comunicados oportunamente a las autoridades para la adopción de medidas correctivas.
Obras paralizadas y riesgos detectados
Otro eje de preocupación de la Contraloría es el destrabe de obras paralizadas. La entidad se ha fijado como meta reactivar inversiones por S/ 112 millones mediante un nuevo enfoque de control preventivo durante el 2026. En Piura existen actualmente 87 obras paralizadas, involucrando a 34 entidades del gobierno central, regional, provincial y distrital.
Durante las visitas se detectaron deficiencias técnicas, principalmente en establecimientos de salud, como mal almacenamiento de materiales, agua empozada, filtraciones, oxidación e incluso problemas en aisladores sísmicos, lo que pone en riesgo la inversión pública y la funcionalidad de las infraestructuras. Estas fallas fueron halladas en proyectos de salud en Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba y Los Algarrobos.
Llamado ante elecciones 2026
Finalmente, el contralor recordó que, ante la cercanía de las elecciones generales 2026, existe una limitación presupuestal que obliga a optimizar recursos para garantizar la fiscalización del adecuado uso de bienes y fondos del Estado.
“Hago un llamado a los funcionarios para que permitan que la Contraloría cumpla su rol de fiscalización durante el proceso electoral”, concluyó.
