ERP. En el marco de la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reafirmó de manera enfática la independencia del Poder Judicial y sostuvo que no se permitirá ningún tipo de injerencia política en este poder del Estado.
“No aceptaremos injerencias políticas ni permitiremos que se repitan episodios trágicos de nuestra historia republicana, donde la judicatura fue utilizada como un instrumento de la política”, afirmó con firmeza.
La magistrada subrayó que la independencia judicial no solo implica autonomía individual de juezas y jueces, sino también una independencia colectiva e institucional, que garantiza decisiones libres de presiones políticas o económicas.
“La justicia no es un juego de poder ni de conveniencias. Nuestra labor es la defensa de los derechos y la aplicación justa de la ley para todos, sin distinción”, precisó.
Mandatos internacionales no son injerencia
Tello Gilardi también se pronunció sobre los recientes cuestionamientos a la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazando que sus decisiones constituyan una injerencia a la soberanía nacional.
“Los mandatos de los tribunales de derechos humanos no deben entenderse como una intervención externa, sino como el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Perú”, señaló.
Recordó que el país participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y forma parte del Sistema Interamericano desde 1978, en el marco de su compromiso con la seguridad colectiva y los derechos humanos.
Compromiso con la autorreforma y modernización
La presidenta del Poder Judicial reafirmó que el sistema de justicia se encuentra en proceso de autorreforma permanente, orientado a mejorar la celeridad en la atención de los casos, garantizar el acceso a la justicia e incorporar nuevas tecnologías.
Anunció que en el marco de las facultades de iniciativa legislativa, remitirá al Congreso una propuesta integral de reforma del Poder Judicial, que incluirá una redefinición de funciones de la Corte Suprema, enfocada en asegurar una correcta interpretación del derecho y evitar la sobrecarga procesal.
“Proponemos una reforma basada en la realidad judicial del país, que requiere una judicatura moderna, tecnológicamente equipada y con presupuesto autónomo no menor al 4 % del PBI”, enfatizó.
Lucha contra la inseguridad y defensa del marco legal
Tello Gilardi también abordó la problemática de la inseguridad ciudadana y advirtió sobre retrocesos en el marco normativo, como la reducción de facultades para la detención preliminar, el debilitamiento de la extinción de dominio y cambios en la legislación contra el crimen organizado.
“Resulta preocupante que una ley haya neutralizado la eficacia de la extinción de dominio y que el Tribunal Constitucional haya excluido de su alcance las fortunas mal habidas anteriores al 2018”, sostuvo.
En ese sentido, informó que se ha presentado una nueva iniciativa legislativa para revertir estas situaciones y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante el crimen.
Asimismo, saludó la reciente aprobación de la Ley del Sistema de Flagrancia Delictiva y solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el presupuesto necesario para su implementación nacional, incluyendo al Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública.
La magistrada también defendió el trabajo de los jueces y juezas provisionales, quienes –afirmó– garantizan la continuidad del servicio de justicia ante la insuficiencia de magistrados titulares.
Indicó que, actualmente, 11 salas de la Corte Suprema están conformadas por solo 16 jueces titulares y 39 provisionales, quienes enfrentan una carga mensual superior a los 15 mil expedientes. Mencionó como ejemplo el área contencioso administrativa, donde más del 95 % de los casos provienen de personas en condición de vulnerabilidad.
“Le pedimos a la Procuraduría del Estado revisar la ley vigente y desistirse de los procesos que afectan a ciudadanos vulnerables, como ya lo hizo la ONP en su momento”, instó.
La ceremonia contó con la participación del arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, quien ofició la paraliturgia. Por primera vez, una jueza de paz –Beatriz Caritimari Vela, del distrito de Balsa Puerto (San Martín)– ofreció un mensaje en representación de los jueces de paz del país.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, clausuró el acto con un mensaje de reconocimiento a jueces y juezas, destacando su rol en la defensa del Estado constitucional de derecho.
Asistieron también el presidente del Congreso, José Jerí Oré; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, entre otras autoridades.
