ERP. Javier Bereche Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, advirtió que la aplicación de la nueva ley agraria vendría afectando a las empresas agroexportadoras de la región y del país.
Precisó que la aplicación de la Ley 31110 estaría disminuyendo la productividad del trabajador porque, antes de su vigencia, la mayor parte de las grandes empresas agroexportadoras ya venían pagando bonos de productividad, no obstante, este bono fue reemplazado por la bonificación especial por trabajo agrario (BETA) que se otorga obligatoriamente como un adicional al salario y no necesariamente por mejora en el desempeño o cambio en la producción.
Explicó que en el periodo enero-febrero ha existido una desaceleración en la actividad productiva, con un crecimiento del sector de tan solo 1.0%, el menor comparado con similar período en por lo menos los últimos tres años, a pesar de ser una actividad esencial y los esfuerzos de algunas empresas por contener esta caída fortaleciendo los esquemas de supervisión del trabajo, que no serían suficientes en el mediano y largo plazo.
Señaló también que la oferta de trabajo viene en aumento, pero la demanda laboral disminuyendo, lo que nos estaría conllevando a un mayor desempleo pues antes de esta nueva norma el requerimiento de trabajadores en época de campaña y la competencia entre las empresas eran tan fuertes que las remuneraciones y otras facilidades subían por efecto de oferta y demanda. Sin embargo, debido a los costos adicionales impuestos, en que se incurrirá bajo los mismos o desacelerados niveles de producción, se mantendrá o disminuirá la demanda de personal.
Aclaró que el desempleo en el sector formal agrario en el país aumentó 13% a marzo del presente año, con respecto a similar mes del 2020 en que ya se había decretado la cuarentena general, porcentaje que significa una disminución de 57,155 puestos de trabajo.
Bereche Álvarez hizo hincapié en que la inversión privada en el sector también está disminuyendo debido a que la expansión de este viene deteniéndose por abandono de medianos y pequeños empresarios, y porque las grandes empresas ya no están invirtiendo o lo vienen pensando mucho antes de hacerlo por la incertidumbre política que atraviesa el país.
Manifestó su preocupación por que las medianas y microempresas podrían pasar a la informalidad debido a que no conseguirían cumplir con lo establecido en la ley, es decir, no estarían en condiciones de producir con los nuevos costos. Dijo que esto podría advertirse ante la caída de empresas registradas en la planilla electrónica del sector agrario, a pocos meses de la aplicación de la norma, a la que le puede atribuir en gran parte, ya que al ser un sector esencial no debería haber parado ni retrocedido en sus operaciones, aún en pandemia.
Aseguró que esta norma está muy lejos de ser un instrumento útil para promover la formalización del trabajo en la actividad agraria, luchar contra la pobreza, fomentar la inversión para ampliar las fronteras agrícolas, y promover el desarrollo de la región y del país.
Recordó que el despegue de las agroexportaciones, en un contexto de apertura comercial, fue posible gracias a la Ley de Promoción del Sector Agrario 27360 derogada a finales del año pasado. Las exportaciones agroindustriales en el Perú mostraron un crecimiento muy marcado entre el 2000 y el 2020, casi 12 veces más que las registradas en el año 2000, mientras que el resto de las exportaciones apenas 5 veces durante el mismo periodo.
El valor de las exportaciones agroindustriales se incrementó de US$ 645 millones en 2001 a US$ 7 536 millones en el año 2020. Como reflejo de este crecimiento, Perú se ha posicionado como uno de los países con las mayores exportaciones de productos, tales como arándanos, espárragos, paltas, mangos, uvas, mandarinas, entre otros.
En ese contexto, reiteró su preocupación ante el hecho que esta nueva ley encarece y hace menos competitiva la agricultura formal de nuestro país, generando mayor pobreza, informalidad y desempleo en el sector.
