ERP. El 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la política peruana con la destitución de Pedro Castillo Terrones de la Presidencia de la República. Aquel episodio, lejos de significar un restablecimiento del orden democrático, representó —según amplios sectores críticos— la toma del poder real por parte de una mayoría parlamentaria que ha profundizado el deterioro institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y el abuso del poder legislativo.
Desde el inicio de su mandato, Castillo enfrentó una oposición cerrada y sistemática que no aceptó su elección. Diversos actores del establishment político, reacios a que un maestro rural sin vínculos con las élites accediera al poder, buscaron deslegitimarlo apelando al discurso del fraude y cuestionando sin pruebas la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Las acciones legales emprendidas fueron rechazadas por carecer de fundamento.
El llamado “pacto congresal” —denominado por sus detractores como un “pacto mafioso”— se consolidó tras la vacancia presidencial. Con la vicepresidenta Dina Boluarte alineada a esa mayoría parlamentaria, el Congreso inició un proceso de captura de instituciones, reformas legales cuestionables y una conducta política caracterizada por el autoritarismo legislativo.
Este bloque fue articulado inicialmente bajo la presidencia de Maricarmen Alva y ha sido sostenido por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular y otros grupos minoritarios. La última Mesa Directiva, elegida en julio de 2025, es muestra de esa continuidad: está presidida por un legislador con investigaciones por delitos sexuales y respaldada por fuerzas políticas con serios cuestionamientos éticos y judiciales.
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El nuevo presidente del Congreso, José Enrique Jeri Oré (Somos Perú), llegó al Parlamento gracias al arrastre electoral de Martín Vizcarra, hoy inhabilitado. Su elección ha sido vista por analistas como representativa de un Legislativo desacreditado, clientelista y funcional a intereses alejados del bien común. Su partido, otrora democrático, se encuentra ahora en proceso de extinción política.
Durante este periodo, el Congreso ha aprobado normas que, según expertos en derecho constitucional, favorecen al crimen organizado, violan principios constitucionales y desacatan sentencias de organismos internacionales. Ejemplo de ello son los intentos de amnistía para violadores de derechos humanos, las reformas al sistema de justicia con claros conflictos de interés, y la instrumentalización de comisiones investigadoras contra adversarios políticos, mientras se archivan sin debate denuncias contra aliados del régimen.
La liberación de Alberto Fujimori, en abierta contradicción con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hostigamiento contra fiscales supremos como Zoraida Ávalos, y la interferencia en la Junta Nacional de Justicia, completan un panorama institucional alarmante. A ello se suma la captura de organismos de control, como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el mismo Tribunal Constitucional, reducidos a figuras decorativas o funcionales al Congreso.
En este contexto, la elección de José Jeri Oré no solo encarna la consolidación del Congreso como actor hegemónico del poder, sino también el símbolo de una clase política que ha normalizado el deterioro democrático, la cooptación de instituciones y la impunidad como regla.
