ERP. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, dejando sin efecto la resolución judicial que ordenaba su suspensión por 24 meses del cargo de fiscal suprema y de fiscal de la Nación.
Con esta decisión, la Corte Suprema revoca la medida cautelar dictada previamente por un juez de primera instancia, lo que habilita a Benavides para retornar a sus funciones.
En declaraciones a RPP Noticias, el abogado defensor y excongresista Jorge del Castillo precisó que, tras esta resolución, el Ministerio Público deberá acatar la disposición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la reposición de su patrocinada en el cargo.
“La Corte Suprema, a través de su Sala Penal Permanente, ha decidido por unanimidad revocar la resolución que suspendía los derechos de la doctora Benavides”, señaló Del Castillo.
Asimismo, el exlegislador expresó su expectativa de que el Ministerio Público, actualmente encabezado por la fiscal suprema Delia Espinoza, cumpla con la sentencia sin dilaciones.
“Con esta resolución, la doctora Benavides queda expedita para que se ejecute la disposición de la JNJ que la repone como fiscal suprema. Eso es lo que corresponde, y espero que esta vez no haya resistencia”, agregó.
La decisión de la Corte Suprema reconfigura el escenario institucional del Ministerio Público, en medio de un proceso marcado por controversias legales y decisiones administrativas en instancias superiores.
El Congreso salvó a Patricia Benavides
La Sala Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial señaló que Patricia Benavides cuenta con una prerrogativa de acusación constitucional (protección) debido a que los presuntos delitos que se le imputan fueron dentro de sus funciones como fiscal de la Nación y "el Congreso es la única autoridad que puede levantar tal protección constitucional de los Altos funcionarios Públicos (en este caso de una fiscal suprema que ejercía el cargo de Fiscal de la Nación)".
Es decir, debido a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) rechazó la denuncia constitucional, no se puede imponer la medida de suspensión contra Benavides.
"En consecuencia, solo por esta situación se entiende que no está expedita la persecución penal y, por consiguiente, toda medida que afecte el entorno jurídico de quien se encontraba preliminarmente investigada decae irremediablemente, incluso con el archivo de las actuaciones", determinó.
"Que, en tal virtud, es patente que no está autorizada la promoción de la acción penal contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas y, además, en clave de principio, mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo", agregó el juzgado.
