ERP. La Contraloría General de la República reveló retrasos, incongruencias y pagos irregulares en la adquisición de bienes destinados al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y al Programa de Alimentación para Pacientes con Tuberculosis (PANTBC) de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico superior a los S/ 300 mil. La auditoría también identificó presuntas responsabilidades administrativas y civiles en cinco funcionarios municipales.
De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 038-2025-2-0475-AC (periodo de evaluación de 23 de enero de 2023 al 7 de marzo de 2025), errores en la formulación de los requerimientos y fichas técnicas para la compra de productos, no advertidos oportunamente, ocasionaron que el procedimiento se declare nulo, evitando que se cuente con ofertas validas y se brinde el servicio a 8960 beneficiarios de comedores populares de Tumbes.
Ante el desabastecimiento y los reiterativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la municipalidad realizó una compra directa para tres meses, por lo que retomó el 5 de julio de 2023 la distribución en comedores que había paralizado en febrero de ese año; mientras que la última entrega de PANTBC fue en diciembre de 2022 y se retomó recién el 10 de agosto de 2023.
Posteriormente, se realizó un nuevo proceso de compra por más de S/ 1.6 millones, donde la comisión auditora reveló que el entero de jurel entregado a la entidad no correspondía al ofertado por el proveedor, pese a ello, y sin realizarse la verificación del productor por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES) ni presentar los certificados de limpieza y desinfección, la entidad dio la conformidad de la primera y segunda remesa.
Además, el estudio de SANIPES concluyó que el entero de jurel no era apto para el consumo humano por existir un riesgo de contaminación. A pesar que el producto fue declarado defectuoso, la entidad no inició acciones legales por vicios ocultos para exigir su reposición generando un perjuicio económico de S/ 300 mil. Adicionalmente, la comisión auditora constató que 36 096 latas de entero de jurel permanecían en el almacén de programas sociales de la entidad.
A su turno, los funcionarios de la municipalidad modificaron la fecha de la tercera entrega, sin tener sustento técnico y legal, lo que permitió al proveedor entregar los productos fuera de plazo sin que se aplique el monto total por la penalidad máxima del 10 % ocasionando un perjuicio de S/ 84 mil.
