ERP. Desde el 7 de diciembre del 2022 el Perú dejó de ser una democracia precaria y pasó a una condición de democracia “hibrida” como la calificó The Economist. Pedro Castillo cayó por un intento de golpe de Estado y asumió el mandato su exministra y vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra. Juramentó hasta el 2026 y luego cambió temporalmente su mensaje, para después confirmar que era un “caso cerrado”.
Al culminar el 2023 y frente al advenimiento del 2024, realizamos una evaluación de lo sucedido en el presente año y para ello, pedimos opinión de algunos profesionales de la región Piura. Vale precisar que en la realidad actual, la única que vive en un mundo paralelo, diferente “En calma y paz” es la presidenta de la República Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
Si hacemos un repaso de los principales hechos sucedidos en el país, podemos mencionar los siguientes:
- Asesinatos y muertes por protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, así como sumisión total de la mandataria a la mayoría congresal que es el poder que pretende ser absoluto.
- Estructuración de un gobierno de facto desde el Congreso que busca concentrar la mayor parte del poder mediante decisiones arbitrarias e ilegales, pero que imponen solamente por la mayoría de los votos. .
- Instrumentalización, en su momento, del Ministerio Público para fines políticos y que ha conllevado a concentrar los procesos de investigación por asesinatos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Debido a hechos de corrupción, por el momento se ha suspendido a la Fiscal de la Nación titular.
- Sanción atemorizante contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, por una falta grave que a la razón y la Ley no existe; sin embargo, arbitrariamente se le ha suspendido en el cargo. "Es un mal precedente para la Magistratura" fue la defensa de la magistrada.
- Destrucción de la institucionalidad del país, el congreso ha tomado con integrantes reverentes y sumisos el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, e intentan hacerlo con la Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec.
- Alineamiento de los medios de comunicación, sobre todo televisión de señal abierta, al grupo de poder que tiene como composición a Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, una parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Ha crecido la desinformación y los fake news
- Dación de Leyes para retroceder en la reforma universitaria, carrera pública magisterial, recortar la cuestión de confianza, viajes al extranjero de la presidenta, permisividad para la destrucción ambiental, retroceso en las elecciones primarias.
- Viajes inconstitucionales de Dina Boluarte, creando una figura jurídica a antojo del Ejecutivo para que pueda ausentarse del país.
- Crisis económica que se expresa en la creciente recesión.
- Desacato de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniéndose al nivel de Venezuela, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Haití.
En todo lo mencionado y mucho más, existe una unidad permisiva, entre el Poder Ejecutivo, la mayoría congresal que antes fue oposición y el alineamiento descarado y convenido de funcionarios de otros poderes del Estado.
Para el Sociólogo Martín Cornejo Cornejo, este 2023 se puede sintetizar en la palabra Crisis. “Crisis económica debido a la peor recesión económica de los últimos 25 años, causada por la crisis política y social que genera desconfianza de los agentes económicos y no por un contexto exterior como fue el 2009; crisis política e institucional, que pone en cuestión la legitimidad de las actuales autoridades e instituciones democráticas y operadores de justicia como el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos con menos de 8% de aprobación por parte de la población; crisis del estado como garante de la legalidad y la seguridad ciudadana, al haber sido desbordado totalmente por las bandas delincuenciales, a lo cual debemos sumar el fracaso total del estado de emergencia decretado por el gobierno en varias provincias; crisis de la imagen internacional del Perú en el exterior, donde la presidenta ha sido ignorada y vapuleada en cuanto evento ha participado; crisis ética y moral de nuestro sistema político, a consecuencia los graves casos de corrupción en todos los niveles de gobierno; en resumen crisis de nuestro sistema político para dar una respuesta o solución adecuada a todas las anteriores situaciones”.
Diversas fuerzas de derecha como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre y una parte de Acción Popular, conformaron una mayoría circunstancial que les permitió empoderar o sostener a Dina Boluarte Zegarra, luego de ello dar normas para satisfacer los intereses personales y grupales e incorporando en su agenda ambiciones políticas que en gran parte las vienen consolidando.
Durante todo este periodo, se eligió un Tribunal Constitucional a la medida de este grupo, un Defensor del Pueblo servil y silencioso a los problemas nacionales, una Fiscalía de la Nación empoderada para perseguir objetivos políticos y también con una agenda para inmiscuirse en la Junta Nacional de Justicia. Con Patricia Bustamante lograron el objetivo principal para sacar al expresidente, sin embargo, errores en su actuar llevó a suspenderla del cargo.
Para el Antropólogo piurano Manuel Hidalgo León no existe pensamiento crítico “Cerramos un 2023 con un alto grado de desesperanza, específicamente de nuestra clase política, los elegidos en todos los niveles de gobierno y quienes obtienen una cuota de poder político, en su mayoría, no logran comprender que su encargo es buscar el bien común y no el interés personal. Particularmente pienso que elegimos mal y nos dejamos gobernar, calladamente, por culpa de la desinformación incesante, la ausencia de pensamiento crítico, o quizás sea por la desesperanza. Lo bueno del 2023, sumergido en una crisis global, es que cada familia libra sus propias batallas progresistas, buscando una vida mejor, esperando, inconscientemente, la llegada del líder soñado, que ojalá aparezca en un futuro no muy lejano”.
El inicio de una etapa de sumisión y empoderamiento
Tras la osada intención de Pedro Castillo de intentar dar un golpe de Estado, facilitó la vacancia del presidente constitucional y la juramentación de Dina Boluarte Zegarra. Ella totalmente alineada al nuevo grupo de poder y entusiasmada por asumir un cargo, se comprometió a ejercer el mismo hasta el 2026, aunque el grito previo y en el mismo conflicto era que se “vayan todos”.
En su laberinto, aprobaron una modificación constitucional para convocar a nuestras elecciones; sin embargo, semanas después se simuló debatir para convocar las elecciones para el 2023, iniciativas más utilizadas como pretendido timo, que ser una realidad. Para calmar las protestas se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, que se sumaron a las Fuerzas Policiales, quienes se dedicaron a matar a los protestantes.
El miedo y el temor construido a través de las balas del Estado, logró morigerar la convulsión social, situación que incluso fue acompañada con desfiles y exhibición pública de grandes contingentes de las Fuerzas Armadas y Policiales. Más de 50 muertos por balas, serán la rémora que llevarán sobre si Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros, claro si Perú se mantiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el fatídico 7 de diciembre el Perú cambió, no solo por la equivocada decisión del presidente Constitucional, sino por la instrumentalización de la represión frente a los conflictos sociales y políticos. Desde dicha fecha la democracia peruana es más una careta sin sentido, que una realidad innegable.
Para el Econ. Juan Manuel Aguilar la situción indica que “Este 2023 se caracteriza por: la permanente crisis política entre ejecutivo y legislativo, sumando entre ellos al ministerio de Justicia como un instrumento faltante de primordial necesidad para tener el control del aparato público y político (al menos así se ve desde fuera), situación que nos ha llevado a una recesión de la economía, que no se tenía en veinte años. La desmovilización social quizás atemorizada por los muertes impunes (a la fecha) de los asesinatos en las movilizaciones de finales del 2022 e inicios del 2023; asimismo, pérdida de credibilidad en nuestra economía como una democracia, que se acentúa con el desacato de la resolución de la CIDH en el caso del ex dictador Alberto Fujimori”.
Mayoría congresal y la destrucción de la institucionalidad
Durante el último año, la institucionalidad se ha resquebrajado y "esta democracia ya no es democracia" conforme lo tarareó el pueblo. No solo se tiene una mandataria sumisa y condescendiente al Congreso; sino que igualmente se ha logrado colocar en principales cargos públicos a profesionales funcionales y alineados a la mayoría congresal. Es el caso de Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, principales ministerios como Cancillería y Ministerio de Economía, que prácticamente se han arrodillado a esa fuerza bruta que se expresa con votos.
Para algunos analistas aún tienen pendiente, primero intervenir a la Junta Nacional de Justicia y a través de ello, la intromisión en el Poder Judicial y Ministerio Público. Incluso la destitución de la JNJ se encuentra pendiente y no llamaría la atención que logren la mayoría para lograr su cometido. Igualmente, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE son objetivos que les permitiría ganar un próximo proceso electoral.
Lamentable en esta situación el actuar del Tribunal Constitucional. La mayoría de este ente, son abogados cercanos a la fuerza conservadora que predomina y casos importantes han sido resueltos de una manera sorprendente y en algunos casos, modificando criterios anteriores. La capacidad de gasto de congresistas, la ley a favor de Dina Boluarte para que pueda viajar, la imposibilidad de la disolución del Congreso, solo son muestras de su engranaje permisivo.
Igual se podría decir de la Defensoría del Pueblo, que ya no defiende derechos humanos. En dicho cargo, se designó a un abogado sin la experticia necesaria para una función que está vinculado a la población en general. Su oscura presencia, fue el resultado de la negociación con el partido Perú Libre, el cual igualmente concedió para reemplazar a los integrantes del Tribunal Constitucional.
Retrocesos que afectan a la población en general
Sin duda, que una de las primeras negociaciones indebidas entre la derecha y la izquierda fue la toma de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y retrocesos en lo avanzado, afecta la calidad educativa y solo favorece los negocios en varias casas de estudios que no lograron licenciarse.
El retroceso en la carrera pública magisterial, autorizando el reingreso de docentes que no calificaron perjudica igualmente la calidad de la educación en perjuicio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad formativa. Seguimos en una etapa donde la educación no es tomada en su real importancia.
Recientemente el Congreso aprobó el proyecto que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, que para los especialistas es un grave atentado contra territorios amazónicos y da carta abierta para la explotación sin mayor control de la flora existente. Además de ello, no se enfrenta un tema central como son la labor de los cuidadores ambientales.
Igualmente, el Pleno del Congreso aprobó con 74 votos a favor la reforma que elimina la obligatoriedad de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual excluye la participación de la ciudadanía y deja a criterio de los partidos como elegir a su candidato presidencial. Esta norma implicaba mejorar el sistema de representación de partidos, pero los existentes no quieren dar el gran paso.
Dejar sin efecto las PASO, significa empoderar a las cúpulas partidarias, las cuales deciden con procedimientos poco transparentes quienes serán las candidatas a las diversas instancias de la representación nacional, regional y local. A este grupo no le interesa la mejora del sistema, sino mantener el status quo de las deficiencias existentes.
Viajes de Dina Boluarte al margen de la Constitución
El Congreso de la República que, en su mayoría congresal, quiere tener contenta a la mandataria para que de esa manera no renuncie, aprobó una Ley que le permite gobernar utilizando las tecnologías de información y comunicación; en aplicación de esa norma inconstitucional, la mandataria ha viajado al extranjero causando el ludibrio nacional e incluso internacional.
Libertad indebida de Fujimori
Perú ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien tiene una sentencia de 25 años de cárcel y que fuera indultado con una malhadada resolución. Existe toda una campaña mediática al interior de Perú, para desacatar a esta instancia del cual Perú es signatario y no solo ello se busca salir de dicha competencia.
Fujimori, fue un presidente constitucional que se convirtió en dictador, durante su gobierno, se presentaron graves violaciones de los derechos humanos, corrupción estatal y culminó con la fuga del exmandatario hacia Brunei, para después trasladarse hacia el Japón, posteriormente a Chile desde donde fue extraditado. En el proceso penal que se le siguió fue sentenciado a 25 años de prisión y parte de los delitos en su contra son calificados como crímenes contra la humanidad.
Para los especialistas la decisión del gobierno peruano, pone en grave riesgo la situación externa de Perú y lo apareja a países parias como son Venezuela, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Haití. Además de ello, cada día se parece mucho más a Guatemala, por la forma y modo como atentan contra la independencia de otras instancias y usan acorde a intereses personales y grupales.
El sistema jurídico y la precariedad del Ministerio Público
En este año, se ha visto como el Ministerio Público puede servir para intereses personales y de grupo. De acuerdo a una propia hipótesis fiscal, desde la Fiscalía de la Nación a través de Patricia Benavides se instrumentaba acciones y estrategias para intervenir, no solo la Defensoría del Pueblo, sino fundamentalmente a la Junta Nacional de Justicia; todo ello con el apoyo de una mayoría congresal predispuesta a adoptar los más cuestionados acuerdos.
Por otro lado, el Poder Judicial que debería ser el garante de la institucionalidad, mantiene cierta indiferencia a los problemas nacionales y casos particulares, que hace presumir que se encuentran con miedo, después de la destitución de Zoraida Ávalos Rivera, uno de los atropellos que se cometió desde el Congreso de la República. “Destituye a unos para que los otros tengan miedo” parece haber sido la filosofía del grupete prepotente y abusivo de mayoría derechista.
Para el abogado Dr. José Martín Barreto quien es especialista en derecho constitucional, “La intervención a la Fiscal de la Nación, es un hecho preocupante para la seguridad jurídica del país. Las protestas con muertes de ciudadanos, ahora ya corroborado con acusaciones contra efectivos policiales y militares e igualmente, es cuestionable La flagrante trasgresión a la competencia supranacional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH, sobre la liberación del Alberto Fujimori, sabiéndolo muy bien el Tribunal Constitucional que no podemos desacatar sus opiniones, recomendaciones, ni menos sus sentencias” todo ello, tras considerar la realidad del Ministerio Público y sobre todo entrar en desacato con una resolución que impidió en su momento la liberación del exmandatario Fujimori, ahora en libertad.
Sin duda, que gran parte de lo visto en el 2023, nos pone en una situación política crispada; afecta el funcionamiento del Estado, pero sobre todo, el desacato a la Corte Interamericano de Derechos Humanos, es un problema que podría acarrear consecuencias adversas para el país en general. Sin embargo, todo hace indicar que no existe conciencia de los graves riesgos.
Conclusión final
Perú sigue transitando por el camino de la debilidad institucional y ha sido tomado por fuerzas corruptas que intentan reconvertir lo poco de democracia en una de dictatura híbrida total. Se maquilla bajo el tamiz del respeto de las instituciones, pero debido a la concentración de competencias, designan a funcionarios sumisos al poder congresal. Se tiene una defensoría de la vergüenza y ni que decir de la mayoría del Tribunal Constitucional, quienes han tirado al tacho todos los principios del derecho internacional, al pretender cuestionar las decisiones de la corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este poder fáctico, avanza hacia la destrucción de todos los obstáculos para hacerse elegir en las próximas elecciones generales, que es probable se den en el 2026; sin embargo, se estima que en caso de no lograrlo, actuarán como lo vienen haciendo en Guatemala donde impera la crispación política, la corrupción e inseguridad ciudadana. Se debe estar alerta frente a esta posibilidad.
La población se encuentra atemorizada por los niveles de violencia y penalización de las protestas, las cuales son usadas desde el Ejecutivo para crear un ambiente de pánico, de temor y de disuasión de marchas y movilizaciones contra el régimen, que a pesar de todo ello, se dan en el sur y actualmente en todo el país, pero por razones más vinculadas a la crisis económica que es innegable.
