ERP. Si de por si la democracia peruana era bastante precaria antes del expresidente Pedro Castillo Terrones, lo que ha devenido después ha demostrado que bastan un grupo de aviesos que con argucias, realizan cambios a su favor en desmedro del equilibrio de poderes. La última acción para afectarla, es el intento latente por destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que les permitiría controlar a jueces y fiscales.
El experimento en la forma y modo, de como pretenden actuar se encuentra en Guatemala, donde los parecidos son bastante símiles. Además, comparando con acciones anteriores, botar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es bastante similar cuando el Congreso fujimorista, destituyó a miembros del Tribunal Constitucional, por declarar “inaplicable” para el dictador, el buscar una nueva reelección.
El régimen de Fujimori, poco a poco fue develando sus precariedades y sobre todo sus actos de corrupción, que finalmente llevó a su destitución y cambio. Fue el momento propicio para perfeccionar la organicidad del Estado; pero, los presidentes que se sucedieron cayeron en las mismas situaciones de incapacidad y actos de corrupción, que los mantiene a algunos en la cárcel y a otros esperando sentencia.
El actual Congreso, aprovechó la debilidad conceptual y valorativa de congresistas de Perú Libre, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, el cual se ha convertido en una extensión de esta fuerza que opera desde el Parlamento. Se ha llevado a la osadía de declarar, que la disolución del Congreso, solo se puede realizar, si sus miembros así lo deciden y no acuerdo al articulado constitucional.
Igualmente, tras el triunfo de Pedro Castillo, esta fuerza que se ha apoderado del gobierno, denunció un inexistente fraude electoral y como las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, se mantuvieron firmes, se han dedicado a destruirlo desde las redes sociales y con argumentos falsos. Este ataque a la institucionalidad electoral ha sido permanente y persistente y aún no cesa.
El Ministerio Público, fue un actor oficioso para afectar a Pedro Castillo Terrones, eficiencia que no existe con su sucesora. Más aún, desbaratar fiscalía sacando a los responsables de la investigación, afectando los procesos existentes. Asimismo, debido a la toma de decisiones, presuntamente irregulares, viene obstaculizando las labores de investigación de la Junta Nacional de Justicia.
Una democracia se fundamenta en el equilibrio de poderes; sin embargo, aprovechando vacíos constitucionales se viene concentrando el poder y garantizando que otros funcionen de acuerdo a su veeduría. Es el caso de la Defensoría del Pueblo, actualmente en manos de un abogado poco preparado para ejercer un cargo de alta importancia para la defensa de los derechos humanos.
Destituir primero y apoderarse después, sería el objetivo del Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Aunque insisten que el Congreso no elige, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, La Defensoría del Pueblo y hasta la misma Contraloría General de la República, son funcionales a esta fuerza que tiene como maniquí a la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, quien solo busca no ser juzgada por las casi 50 muertos que generó su gobierno.
