ERP. En el Perú se evidencia de manera persistente, durante el último lustro, una profunda distorsión en el ejercicio de las competencias constitucionales y un uso indebido del poder por parte de determinados actores políticos. El denominado Pacto Congresal sostiene, en la práctica, que el Congreso ejerce atribuciones libres de control; el Poder Ejecutivo aparece sometido y sin capacidad de contrapeso, mientras que el Tribunal Constitucional ha sido señalado como funcional a dichas fuerzas políticas.
En este escenario, varios jueces han optado por inaplicar normas que consideran contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, ejerciendo el control de convencionalidad.
Fernando Rospigliosi, antiguo crítico de la corriente política a la que hoy pertenece, ha asumido la defensa de militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos. Amparados en la mayoría parlamentaria, el Congreso aprobó la Ley N.° 32107, norma que establece la irresponsabilidad penal de efectivos que, abusando de su poder, cometieron delitos contra civiles. Con esta ley, Rospigliosi y el bloque que lo respalda buscan cerrar definitivamente los procesos judiciales en curso.
Mediante una carta dirigida a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, el ahora presidente del Congreso solicitó que se sancione a los jueces que no aplican la citada norma en casos de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, magistrados de distintas instancias han preferido ejercer el control de convencionalidad, al considerar que la Ley 32107 es incompatible con el ordenamiento jurídico nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
“El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus funciones, ha emitido un pronunciamiento expreso mediante el cual ha declarado la constitucionalidad de la Ley 32107, exhortando a que dicha norma sea aplicada por todos los órganos jurisdiccionales”, sostiene Rospigliosi para justificar su pedido de intervención de la ANC.
Según el exmilitante de izquierda, existen órganos jurisdiccionales que emiten resoluciones que desconocen, contradicen o inaplican la ley pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La Ley 32107, defendida tanto por el Pacto Congresal como por magistrados del propio TC, busca liberar de toda responsabilidad penal a quienes cometieron graves delitos contra los derechos humanos.
No obstante, debe recordarse que el Perú es Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que obliga a los jueces a interpretar y aplicar la normativa interna conforme a los estándares internacionales. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional, en sintonía con el Congreso, sostiene que el control de convencionalidad no resulta aplicable en estos casos.
Recientemente, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que dicho poder del Estado no puede ser coaccionado en el ejercicio de sus competencias constitucionales, haciendo referencia expresa al control difuso y al control de convencionalidad. Sus declaraciones aludieron claramente a las presiones ejercidas por sectores políticos con influencia directa en el Congreso de la República, entre ellos Fuerza Popular.
Rospigliosi insiste en la vigencia de la Ley 32107 y en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, exigiendo que la Autoridad Nacional de Control evalúe y eventualmente sancione a los jueces que la inaplican. Esta instancia tiene la función de determinar si un magistrado adopta decisiones contrarias a la legalidad, en medio de un debate que tensiona la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos en el país.
Carta enviada a ANC
