ERP. Hemos escrito en reiteradas ocasiones sobre la profunda crisis de gobernabilidad y la progresiva precarización de la democracia en el Perú. Lo hicimos antes y después de la era post Pedro Castillo, planteando —como muchos peruanos y peruanas— la urgente necesidad de ampliar libertades y lograr una representación política más equilibrada entre mayorías y minorías. Sin embargo, con el paso de los años, el balance es desolador: hoy tenemos menos democracia y un autoritarismo cada vez más evidente.
La Constitución Política del Perú debería constituirse en el principal referente para la consolidación de la nación y su institucionalidad. Incluso la Carta Magna de 1993, con todas sus limitaciones, preservaba un esquema de entidades diferenciadas y una división de poderes formal. No obstante, ese diseño ha sido progresivamente desmontado. En ese contexto, la construcción de un nuevo Estado resulta ineludible y de mediana urgencia, con el objetivo de revertir el daño institucional y devolver al pueblo la capacidad de decidir soberanamente el destino del país.
Si bien la precarización democrática se acentuó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —forzado a renunciar—, la toma del poder real se consolidó tras la errada decisión de Pedro Castillo Terrones de intentar un golpe de Estado. Ese hecho se convirtió en el pretexto perfecto para la conformación de un poder mafioso dispuesto a capturar el Estado y sus instituciones a cualquier costo.
Resulta casi grotesco leer los pronunciamientos de las organizaciones políticas que hoy detentan el poder. Se autoproclaman democráticas y enarbolan discursos en defensa de la democracia, cuando en la práctica actúan de manera abiertamente antidemocrática y, peor aún, como encubridoras de delitos que en otros tiempos habrían sido sancionados. Hoy, por el contrario, se archivan investigaciones y se promueve una impunidad escandalosa, sentando precedentes profundamente nocivos para la salud democrática del país.
Se critica con frecuencia a regímenes como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sin reconocer que el Perú avanza peligrosamente hacia dinámicas similares. Según diversos analistas, somos ya una democracia híbrida, con una alta probabilidad de degradarse aún más y derivar en un régimen autoritario. Los hechos y las evidencias sobran.
Las instituciones han sido tomadas y convertidas en simples marionetas. El primer objetivo fue el Poder Ejecutivo. Tras la vacancia irregular de José Pedro Castillo, se colocó en la Presidencia a una figura funcional y carente de autonomía política. Dina Boluarte Zegarra se convirtió en la pieza ideal para validar los abusos de poder emanados desde el Congreso de la República, actuando como una marioneta al servicio de intereses mafiosos.
La elección de una presidenta con evidentes limitaciones políticas e intelectuales facilitó la consolidación de este esquema. Sus carencias fueron compensadas con un silencio convenido y con la protección oscura de un Congreso que hablaba de gobernabilidad, pero jamás la practicó. Si realmente hubiera existido respeto por ese principio, se habría honrado la voluntad popular expresada en las urnas.
Durante este periodo se registraron muertes provocadas por la actuación de las Fuerzas Armadas y Policiales, investigaciones por graves delitos, la desactivación de entes especializados y la captura sistemática de instituciones clave: el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y, posteriormente, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Este patrón no es nuevo; ya se ha visto en países como Guatemala, donde la podredumbre política se resiste a ceder espacio a la legalidad y la moral pública.
Superada esta etapa oscura, el denominado “pacto mafioso” decidió, en una sola jornada, devolver a Dina Boluarte a su condición de irrelevancia política y colocar en su reemplazo a un personaje anodino como presidente sucesorio. José Jerí Oré, un abogado de perfil menor, fue catapultado a un cargo que probablemente nunca imaginó ocupar. La condición implícita —todo indica— era mantener una sumisión absoluta a las directrices del pacto congresal, conducta que hasta hoy viene cumpliendo con disciplina.
Un presidente ignaro, cubierto simbólicamente con capucha y morral, quedará como la imagen de esta etapa que debe ser superada mediante el voto informado de la ciudadanía. Ese es el verdadero poder capaz de imponerse a la corrupción y decidir soberanamente si el Perú quiere ser un país más homogéneo, más democrático y encaminado hacia la modernidad. Es posible lograrlo; todo depende, una vez más, de peruanos y peruanas.
