ERP. Pedir elecciones anticipadas en diversas protestas públicas, llevó a la reacción y represión del gobierno, causando un uso despiadado de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas; incluso casos que pueden ser calificados como ejecuciones extrajudiciales, negligencia o complicidad por las autoridades nacionales y otras son parte de las conclusiones realizadas por Human Rights Watch.
Mostrando evidencias y casuísticas de los asesinatos cometidos, Human Rights Watch dio cuenta de las investigaciones realizadas, encontrándose que 49 de los muertos fueron consecuencia de disparos de bala y otros casos que tienen otros objetos con los cuales fallecieron. El documento que contiene 117 páginas detalla el uso brutal de la fuerza para aplacar la protesta.
' Human Rights Watch: deterioro letal: abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú’ es el título del informe que fue dado a conocer en Lima, de los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del 2022 y hasta el mes de febrero del presente año.
“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía” indican para el conocimiento de este hecho de sangre que aún se mantiene latente.
Asimismo, indican que “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”.
Agregan como parte sustentaría de un informe que nuevamente pone en duda la forma y modo como se ejerce el Gobierno en un país, que hizo todo para sacar del cargo al presidente constitucional Pedro Castillo Terrones y que actualmente ha sido tomado por esas fuerzas que fueron derrotadas en las elecciones generales del 2021.
“El informe se basa en entrevistas a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros. Las entrevistas fueron realizadas durante un viaje al Perú entre enero y febrero de 2023, y de forma remota desde febrero hasta abril de 2023. Human Rights Watch también verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas y revisó autopsias, informes balísticos, registros médicos y otra documentación” acotan.
Piden al Ministerio Público que se realicen investigaciones no solo a los responsables inmediatos, sino igualmente a los superiores quienes podrían tener responsabilidad. Asimismo, en Conferencia de Prensa, descalificaron argumentos sobre armas hechizas y otras de esa naturaleza que fue uno de los argumentos de la presidenta sucesoria Dina Boluarte Zegarra “El gobierno no adoptó medidas que hubiera podido evitar las tragedias” indicó el grupo investigador.
Evidentemente, desde el Poder Ejecutivo se ha pretendido minizar las muertes habidas, el Congreso de la República ha sido indolente a lo acontecido, Presidenta y Premier han descartado realizar sanciones y el Ministerio Público, no tiene la celeridad para encontrar a los responsables. En tanto que Perú vive esta dramática acción de muertes, la comunidad internacional en conjunto, pone en evidencia la precariedad de la democracia peruana.
"En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch. En otro caso, un registro médico indica que la persona murió “por probable arma de fuego”. Cinco personas murieron por perdigones disparados con escopetas y un manifestante aparentemente murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según los documentos y videos verificados por Human Rights Watch. Human Rights Watch no pudo determinar la causa de la muerte en los tres casos restantes que hacen a las 49 muertes" se indica en el Informe que cobrará responsabilidades quizá más tarde que nunca.
