ERP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más conocida por sus siglas CIHD, ha concluido que del 7 de diciembre del 2022 hasta el 23 de enero del 2023 se han cometido graves violaciones de derechos humanos en Juliaca, Ayacucho, Cusco y otros, fundamentando sus acuerdos con la casuística de lo sucedido por la represión indiscriminada que autorizó la presidenta sucesoria Dina Boluarte Zegarra.
Tras la presentación del Informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, intentaron dar un enfoque diferente a las responsabilidades que tendrían; se notaba en sus expresiones que lo afirmado en el documento lo tendrán como espada de Damocles y que no podrán sustraerse de lo que les corresponde.
El documento, es un informe prolijo, donde no solo se analiza la parte política, sino igualmente la social, económica y sobre todo el ejercicio de los derechos humanos tras la intentona de Pedro Castillo Terrones, de pretender dar un golpe de Estado. Tras la asunción al cargo de Dina Boluarte Zegarra, se presentaron hechos que la CIDH ha investigado y las conclusiones no son nada alentadoras para las actuales autoridades del Ejecutivo.
Las personas que murieron cuando protestaban fueron en gran parte asesinados y así lo dicen las necropsias y las evidencias que quedaron registrados por ciudadanos participantes en las marchas. En tal sentido, la CIDH tuvo una gran ayuda en su despliegue por las zonas afectados y se podría decir que el Informe 'Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales' es un documento de la verdad.
Perú suscribió el Pacto de San José de Costa Rica y por ende es Estado Parte del Sistema de Derechos Humanos, justamente el Pacto de San José precisa “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Lo sucedido en el país, llevará en lo sucesivo a responsabilidades penales de los ejecutores directos de las presuntas ejecuciones extrajudiciales y también a los responsables mediatos. Por lo tanto, Dina Boluarte Zegarra, quien decidió gobernar con la mayoría que perdió las elecciones en el 2021: Alberto Otárola y otros ministros, tarde o temprano podrían vivir las consecuencias de sus decisiones que llevaron a una situación cruenta.
Bastaría solo leer la parte de Juliaca para darnos cuenta que la represión fue brutal e indiscriminada. El Perú no puede de ninguna manera retornar a épocas superadas de la década del 90. No puede repetir los mismos errores afectando los derechos humanos de ciudadanos que legítimamente protestan, un derecho que está garantizado en la Constitución Política del Perú.
De acuerdo al Informe en la parte de Conclusiones “En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
Aunque mantiene criterio uniforme al realizar el análisis de los hechos y solo por ejemplificar precisamos el numeral 290 donde se precisa “En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Evidentemente que tras el triunfo de Pedro Castillo, se abrieron de la manera más dura y estigmatizante las diferencias ideológicas, étnico raciales, lugar de nacimiento, y otras formas de discriminación que se acentuaron al tomar el poder ese grupo que desde el Congreso realizó una campaña atroz para sacar del cargo al mandatario elegido constitucionalmente y poner en su reemplazo a la actual presidenta, quien pese a su exacción viene cumpliendo disciplinadamente los mandatos de ese poder fáctico.
Mientras ello sucede, quienes mataron a ciudadanos que solo tenían como expresión de su fuerza su descontento, caminan tranquilos y creyendo que nada les pasará. El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se constituye como el documento vinculante que será vital cuando los asesinatos lleguen a sede judicial y se condene a los responsables de lo sucedido. Este documento se suma a otros que son igual de esclarecidos.
La democracia no se construye con mentiras y con balas, la democracia se edifica cobre la base de las alternancias y respeto de ideas de los ciudadanos y el pleno respeto al marco jurídico que ordena una Estado. Perú ha regresado o lo están empujando a ser como Venezuela o Nicaragua, pero lo hacen quienes creen que el comunismo es una lacra que intentaba posicionarse en el país.
