ERP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expresó —a través de un pronunciamiento— que el Estado peruano desacató las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018 y 7 de abril de 2022 debido a que ejecutó el fallo dictado por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto “por razones humanitarias” a Alberto Fujimori.
Previa a la írrita resolución del Tribunal Constitucional que interpretqa indebidamente la libertad de Fujimori, la Corte Intereamericana de Derechos Humanas, de la cual Perú es parte, pidió que el Estado se abastenga de aplicar la medida; sin embargo, con una premura sorprendente, el Poder Ejecutivo a través del INPE decidió acatar el fallo, pero a las advertencias.
“(Esto) a pesar de que la Corte había dispuesto que debía 'abstenerse de implementarla' debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto”, se lee en el documento.
De acuerdo a la información penal, Alberto Fujimori cometió crímenes contra la humanidad y en consecuencia no tendría derecho a libertad antes de cumplir la pena; sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el caso e indicó que sea la justicia constitucional del país la que se pronuncie, lo que no sucedió y al contrario validaron un indulto malhadado.
Los deudos de Barrios Altos y de estudiantes de la Cantuta que fueron matados, mediatamente con la complacencia de Alberto Fujimori, claman que se cumpla con el derecho internacional y esperan que el Estado peruano cumpla con sus resoluciones. Pese a ello, existe reticencia por parte del Gobierno de Perú, de aceptar el mandato expreso sobre el caso. No hacerlo significaría un alejamiento que podría traer consecuencias nefastas para el país y nos pondría al nivel de Venezuela y Nicaragua.
Disponen supervisión forzada
En tanto, se dispone una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori. Fujimori, cumplía una sentencia de 25 a{os de prisión y lo hacía en Barbadillo; tras el indulto de Pedro Pablo Kuczynski, fue regresado nuevavente a la cárcel y es probable que la orden reitere dicho pedido.
“Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta, de conformidad con lo indicado en el punto resolutivo primero de esta resolución”, se menciona.
Debemos recordar que existe una confabulación entre el Congreso de la República que es dominado por el Fujimorismo y el Poder Ejecutivo que dirige Dina Boluarte. Ambos poderes del Estado, han dado muestras manifiestas de no querer acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatoriedad que se encuentra contemplada en la Cconstitución Política del Perú.
Finalmente, la Secretaría de la Corte notificará la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
