ERP. Para Dina Boluarte Zegarra, presidenta sucesoria tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, su premier Alberto Otárola, la mayoría congresal que ha tomado el Congreso de la República y otros, vivimos en una democracia, sin embargo, en cada presentación pública de estas y otras autoridades, la población les canta “Esta democracia, no es democracia (…)” y otros calificativos por los asesinatos de este gobierno.
En términos formales somos una democracia; sin embargo, mirado con pragmatismo y la realidad vamos camino a una dictadura atípica, donde las instituciones constitucionales se mantienen, pero son intervenidas con designaciones o nominaciones funcionales a los objetivos de quienes realmente detentan el poder.
La mayoría del Congreso compuesto por Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular; además, de la alineación interesada de una parte de Acción Popular, Podemos y Alianza para el Progreso, han sabido captar la hegemonía con acuerdos que les han permitido acabar con la división de poderes. Es necesario mencionar que para estos intereses igualmente cuando con Perú Libre, una fuerza obtusa de extrema izquierda.
En primer lugar, después del golpe de Estado, se procedió a otorgar el mando del Ejecutivo a Dina Boluarte Zegarra, la vicepresidenta que postuló en la plancha de Pedro Castillo y tras ser doblegada, prácticamente ha puesto a disposición del Congreso, la independencia del Poder Ejecutivo. En contrario, la mayoría congresal la protege no solo a ella, sino a todo el gabinete, frente a situaciones políticas.
Sin embargo, no solo frente a situaciones políticas, donde prácticamente han pasado a la condición de indemnes, sino igualmente frente a delitos. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 7 de diciembre del 2022 y hasta el mes de enero del 2023, existen evidencias de ejecuciones extrajudiciales por elementos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Estos intervinieron para reprimir la protesta ciudadana que pedía que se vayan todos y no solo Pedro Castillo.
La represión fue brutal en diversos lugares del país y frente a ello, ni el Ejecutivo y menos el Congreso han realizado acción alguna, salvo calificar a los manifestantes como huestes del inexistente grupo violentista Sendero Luminoso. Investigaciones prolijas consideran que Dina Boluarte, Alberto Otárola, habrían incurrido en delitos contra los derechos humanos, situación que posiblemente sea llevada a los fueros internacionales.
El Tribunal Constitucional, es un organismo que debería cautelar el estado de derecho; sin embargo, sus fallos han roto ese equilibrio. En efecto, le han sustraído competencia al Poder Judicial, el cual no puede pronunciarse en casos que se encuentran vinculados a las prerrogativas del Congreso, aunque sean contrarias a la Constitución y las Leyes, como se deduce de varias normas aprobadas en este periodo.
El Ministerio Público, con una Fiscal de la Nación seriamente cuestionada, tiene poco disimulada independencia para investigar con rigor al enemigo político, pero facilitar a los cercanos y sobre todo si son vinculados al poder de facto que se ha instituido. El último interrogatorio a Dina Boluarte, es un caso que dice por si solo, el comportamiento técnico de esta instancia.
La Defensoría del Pueblo, ha sido tomada por este grupo que no disimula el poder que tienen. El elegido para reemplazar a Eliana Revollar, fue un político medianamente formado, sin ningún tipo de especialización y quizá el más mediocre de todos los profesionales que han ejercido este cargo que tiene por finalidad defender a la sociedad frente a los riesgos del poder público. Además, en sus manos se encuentra conducir la elección de la Junta Nacional de Justicia que sería el interés mediato.
Se encuentran tramando el poder intervenir mediante la misma estratagema, a los organismos electorales. Como entendemos, después de la derrota de Keiko Fujimori, se intentó cambiar el verdadero resultado hablando de un presunto fraude, el cual ha sido descartado no solo por el Poder Electoral, sino por observadores internacionales y sobre todo el Ministerio Público hacia donde se derivaron a los expedientes presentados.
Frente a este manejo atípico e irregular, el avasallamiento de las instituciones, rompimiento del equilibrio de poderes y otros, se suma el estar nutriendo el Poder Ejecutivo, con personajes vinculados a la campaña del fraude. Es el caso de una comisión consultiva, quienes promocionaron que durante las elecciones del 2021 se realizó un fraude y ahora apoyar a quien fue la candidata vicepresidencial.
Aún no se avizora cuál será la salida de este gobierno sui géneris, que ha sido tomado por quienes perdieron las elecciones, doblegando a la representante del Poder Ejecutivo y alineando a otras instituciones. Lo cierto que en la forma, esta democracia sigue siéndola; sin embargo, existen todas las intenciones de torcer el equilibrio de poderes a su favor y lograr en el 2026 un gobierno que los represente.
