ERP. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ente que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra en riesgo de ser disuelta, de prosperar la aviesa decisión que pretenden adoptar miembros del Congreso de la República. La situación deviene después de su actuación en el caso de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, señalada como integrante de una presunta red criminal.
La Junta Nacional de Justicia, resolvió suspender por 6 meses a Patricia Benavides, tiempo suficiente que les permitirá ahondar en la casuística que la señala, este procedimiento ha sido objetada por la misma fiscal suprema, por sus abogados y sobre todo por sus presuntos aliados, quienes operan desde el Congreso de la República. Se requieren 87 votos para que prospera la destitución.
Conforme ha indicado la misma Junta Nacional de Justicia, tal acción implicaría “(…) un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la república”. En efecto, existe una mayoría que se une en función a intereses particulares y no les interesa en absoluto respetar la institucionalidad y las competencias de cada órgano estatal.
El Perú camina por una senda equivocada, impropia para una democracia; todo ello es posible, debido a la propia negativa de varios congresistas de respetar funciones y competencias constitucionales y legales. Todo este tipo de arbitrariedades se dieron en la época de Alberto Fujimori, y lamentablemente se vienen repitiendo con insana intención.
La moción presentada en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se encuentra llena de subjetividades además como lo indica de manera severa el colegiado “(…) en la moción se falta a la verdad sobre la causa de abstención de la señora María Zavala Valladares, miembro de la JNE, en un Proceso Disciplinario que se sigue en la JNJ contra una fiscal suprema. La misma se produjo desde agosto de 2022 por causa ajenas al proceso al que se alude la moción”.
Tal y conforme lo dijo el sociólogo Martín Cornejo, en declaraciones para este Diario, Perú como democracia viene caminando por modelos arbitrarios y abusivos como Venezuela y Nicaragua e incluso se podría agregar Guatemala, país que pese a la limpieza de un proceso electoral, ciertos grupos pretenden negar que acceda al gobierno. Existe en este ultimo país una corrupción intestina y Perú se parece cada día más a este caso.
Todo país que camina por el autoritarismo y violación de los derechos fundamentales, desconociendo las competencias de los órganos constitucionales, se convierte en un paria y los grandes perjudicados son sus propios ciudadanos, quienes poco a poco ven perder sus oportunidades por el bloqueo internacional. Se constata con Venezuela, cuyos nacionales salieron en busca de oportunidades negadas en sus propios países y en Guatemala donde comienzan a sentir el peso de sus medidas equivocadas.
Perú no puede, no debe permitir que grupos vándalos impongan situaciones que son contrarias a la Constitución y la legalidad. La institucionalidad que no se encuentra infestada debería proteger que este tipo de situaciones atenten el Estado de Derecho. Perú, no merece estar en estas condiciones y desandar lo logrado.
Lamentablemente para no desandar la democracia, debe irse Dina Boluarte Zegarra y convocar a nuevas elecciones generales. Muchos se aferran a no irse, pero es el único camino que queda para que las arbitrariedades dejen de ser una norma.
