ERP. El abogado y actual congresista de Perú Libre, José María Balcázar Zelada, se convirtió recientemente en el nuevo encargado de la Presidencia de la República, por decisión del Congreso de la República, que con inusitada rapidez declaró la vacancia de José Enrique Jerí Oré, un personaje imberbe e ignaro, sin cualidades para ejercer el más alto cargo de la Nación.
El reemplazante de José Jerí Oré es un personaje que nunca ha descollado; además, lo más notorio en su trayectoria son las denuncias penales en su contra y, sobre todo, su avanzada edad, que podría limitarlo en el ejercicio de la Jefatura de Estado. Ha manifestado que no es difícil gobernar, y puede que así lo considere; sin embargo, lo cierto es que no tendría idea de lo que implica gestionar un país como el Perú.
Para muchos, solo representa el interés malsano del denominado “pacto mafioso”, que lo utilizaría como una suerte de piñata política: presentarlo como izquierda, comunista o incluso “vende patria”, para sembrar miedo en el electorado y lograr que este, asustado, incline su voto hacia fuerzas retrógradas y antidemocráticas que, bajo la careta de formalidad, han llevado al Perú a una situación calamitosa.
Por la cantidad de votos obtenidos para su designación como presidente del Congreso y, por ende, como encargado de la Presidencia de la República tras la vacancia del titular, todo apuntaría a una estrategia de los grupos que hoy se han apoderado del poder y que, en esta etapa electoral, pretenden simular que no son gobierno, cuando la realidad los contradice.
El poder real, según diversas voces críticas, se centraría en un “pacto mafioso” que habría intervenido en el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y otros entes constitucionalmente autónomos. Estas instituciones, presuntamente sometidas de manera sutil, estarían actuando en contra de sus propias competencias y afectando derechos humanos, como habría ocurrido en el caso de Delia Espinoza Valenzuela, cuya destitución —según denuncias— fue concertada.
Ser encargado de la Presidencia implica, en este contexto, un sometimiento tácito: convertirse en una marioneta. Así habría actuado Dina Ercilia Boluarte Zegarra; así lo hizo José Jerí Oré; y, mientras no sea censurado, lo haría también José María Balcázar. Sometimiento total bajo la amenaza de censura. Para quienes anhelan ejercer un cargo de esta naturaleza sin mayores méritos, la genuflexión no resultaría un costo elevado.
Si Dina Boluarte fue acusada de ordenar la represión para sostenerse en el poder, y José Jerí fue señalado como un “pelele” que intentó imitar estilos autoritarios como el de Bukele, José María pretendería mostrarse como sabio, cuando sus ideas son calificadas por sus críticos como retrógradas y cuestionables. Todos ellos tendrían en común, según esta postura, el sometimiento, la condescendencia con la mafia y la subordinación del Poder Ejecutivo a intereses ajenos al bien común.
Peruanos y peruanas acudirán a las urnas, y esta precariedad institucional debería superarse eligiendo a políticos no comprometidos con estas prácticas. Decir no, con contundencia, a las fuerzas que —según sus detractores— han destruido el equilibrio de poderes, tomado instituciones y vulnerado derechos humanos. El retorno a un país medianamente funcional estará en manos de la mayoría.
