ERP. El reciente anuncio de la vacancia constitucional de la presidenta Dina Boluarte y el nombramiento del congresista José Jerí como nuevo mandatario del Perú ha vuelto a colocar al país en una espiral de incertidumbre que parece no tener fin.
Por: Cesar Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
Con esta decisión, el Perú alcanza una cifra insólita en la historia contemporánea: ocho presidentes en apenas diez años, una rotación de poder que revela una profunda crisis estructural del sistema político, una fragilidad institucional alarmante y una corrupción endémica que corroe tanto al Ejecutivo como al Congreso.
El caso peruano se ha convertido en un laboratorio extremo de inestabilidad democrática. Desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, seguida por los gobiernos efímeros de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, el país no ha conocido un periodo de gobernabilidad sostenida. Esta sucesión de crisis ha generado un escenario de ingobernabilidad crónica, donde la presidencia se ha transformado en un cargo de alto riesgo y corta duración, mientras el Congreso se erige como un poder omnipotente y arbitrario, amparado en interpretaciones cuestionables de la Constitución.
El artículo 113° de la Constitución Política del Perú, que regula las causales de vacancia presidencial, ha sido manipulado recurrentemente por intereses partidarios. La llamada “vacancia por incapacidad moral” —una figura jurídica ambigua— se ha convertido en una herramienta de desestabilización política utilizada para forzar salidas de presidentes impopulares o no alineados con los intereses del Congreso. Este uso reiterado ha dañado la legitimidad del proceso democrático y ha dejado al país en una situación de anomia institucional, donde las normas existen, pero ya nadie cree en su cumplimiento ni en su neutralidad.
La presidencia de Dina Boluarte, marcada por denuncias de corrupción, represión y favoritismo político, terminó siendo víctima del mismo sistema que la sostuvo. Su caída, sin embargo, no representa una renovación política, sino la continuación de un ciclo vicioso en el que el poder se recicla entre los mismos actores desgastados. El nuevo presidente, José Jerí, asume el cargo en un contexto de desconfianza generalizada y con un Congreso cuya credibilidad es prácticamente inexistente: según encuestas recientes, más del 90% de los peruanos desaprueba el trabajo parlamentario.
Mientras tanto, el Congreso de la República, lejos de ofrecer una alternativa ética o técnica, ha promovido una serie de leyes polémicas y contradictorias que reflejan la degradación del debate público. Entre ellas, la Ley de formalización minera, que en la práctica ha beneficiado a redes de minería ilegal y lavado de activos; o la Ley Mordaza, que buscaba endurecer penas por difamación y restringir la libertad de prensa. Paralelamente, se han destapado escándalos de prostitución, compra de votos y redes de tráfico de influencias dentro del propio Parlamento. La corrupción, como un espejo, se proyecta desde el Congreso hacia todo el Estado.
Este clima político se refleja en la vida cotidiana del país. En medio de la crisis institucional, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles sin precedentes: asesinatos, extorsiones y bandas criminales dominan amplias zonas urbanas, especialmente en Lima y el norte del país. Las autoridades parecen incapaces de responder, más preocupadas en conservar sus cuotas de poder que en gobernar. La consecuencia directa es un país donde el crimen y la política parecen haberse fundido en un solo sistema de impunidad.
La fragilidad normativa —con leyes que se promulgan y derogan al ritmo de las conveniencias políticas— y la ausencia de liderazgos éticos y visionarios han llevado a que la democracia peruana sobreviva más por inercia que por convicción. Lo que debería ser un Estado de Derecho ha degenerado en un Estado de improvisación, donde cada gobierno promete refundar el país, pero ninguno logra siquiera estabilizarlo.
Hoy, con la llegada de José Jerí al poder, el Perú enfrenta nuevamente la pregunta que lo persigue desde hace décadas: ¿puede un país sostener su democracia cuando la corrupción se ha institucionalizado y la ciudadanía ha perdido toda confianza en sus líderes?
La respuesta, lamentablemente, no parece alentadora. Mientras la política siga siendo vista como botín y no como servicio, mientras las leyes se diseñen para proteger intereses particulares y no el bien común, y mientras los partidos políticos continúen siendo maquinarias de ocasión sin ideología ni ética, el Perú seguirá atrapado en el mismo bucle: un nuevo presidente cada año, un nuevo escándalo cada semana, y una democracia que, aunque todavía respira, agoniza entre la desconfianza, la impunidad y la violencia.
Finalmente, la mal llamada 'clase política', ¿Hacia dónde quiere conducir al país? ¿Acaso a convertirnos en un narco Estado? Mientras los ciudadanos seguirán eligiendo autoridades con un voto irresponsable. ¿Qué pretenden? No digan que este es un país de Mierda por qué no lo es, el Perú es un gran País mal manejado por un grupete de gente de Mierda, que es otra cosa y basta ya de permitirlo. La tarea de los votantes es analizar su voto y no regalarlo a cualquiera como sucedió en la anterior votación.
