ERP. La crisis política peruana tiene ribetes de pronóstico reservado. De acuerdo al análisis de hechos, la situación de Dina Boluarte Zegarra se complica por las acciones presidenciales y sobre todo de su hermano que la compromete, igualmente la organización criminal que se habría formado en la gestión de Patricia Benavides podría llevarla a una suspensión por 36 meses, en tanto Poder Judicial amparó a Zoraida Ávalos Rivera.
La detención preliminar del hermano de la presidenta Nicanos Boluarte, traerá consecuencias imprevisibles, por lo menos, se sabe que la misma Dina lo habría empoderado para nombrar prefectos y subprefectos, para que se dediquen a formar el partido político Ciudadanos por el cambio. No solo formarían parte de esta presunta organización criminal los indicados, sino el abogado Tomás Castañeda, cuya situación lo ha llevado a calificar como “celada”.
En este contexto, dos congresistas vienen impulsando una moción de vacancia contra Dina Boluarte y aunque es impensado que se produzca la vacancia, por lo menos se conocerá quienes están por ella y los que protegen y respaldan el gobierno de la redomada Dina Boluarta, la cual tras se ha inclinado reverente a las acciones que se planifica desde las fuerzas políticas que operan en el Congreso. La situación podría resolverse con nuevas elecciones, pero no quieren Ejecutivo y Legislativo.
Esta moción es promovida por Ruth Luque y Susel Paredes; actualmente, la firma de la misma está en proceso y todo hace suponer que quedará como tal, pues requiere un mínimo para la presentación y después un mínimo de votos para aceptarla a trámite. Los cargos para sustentar la incapacidad moral permanente son, el presunto abandono de funciones y el “préstamo” de 3 relojes Rolex y joyas adicionales.
Dina entre los procesos penales que tiene se puede mencionar el caso de los Dinámicos del Centro, el presunto enriquecimiento ilícito y el principal es que de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por la muerte de 49 ciudadanos, asesinados en el proceso de protestas después del 7 de diciembre del 2022.
En tanto los cargos se suman en su contra Dina Boluarte, disimula con actos públicos donde no da declaraciones, y en sus discursos preparados grita, alza la voz y se desgañita hablando de democracia, anticorrupción y trabajo por el “pueblo” la consabida frase de muchos políticos en dificultad.
Si Dina Boluarte se encuentre en problemas, en iguales condiciones se encuentra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La indicada fiscal suprema cumple 6 meses de suspensión y la fiscal que la investiga ha pedido al Poder Judicial, disponga la suspensión por 3 años, que permitan proseguir con las investigaciones por la presunta organización delincuencial incubada en su gestión.
Los detenidos por este caso, siguen siendo investigados, uno en libertad y otros en prisión preventiva.
Finalmente, el abuso de poder contra Zoraida Ávalos Rivera por parte del Congreso de la República, ha sido amparado por el Poder Judicial y por lo tanto, la indicada fiscal suprema deberá retornar a sus funciones; sin embargo, el Congreso a través de su Procurador tiene la facultad de impugnar la resolución de primera instancia.
Diversas voces, siguen creyendo que las decisiones del Congreso de la República, no son impugnables; pero esta interpretación simplemente es equivocada, según los fundamentos de la resolución emitida a favor de la fiscal suprema que utiliza la misma interpretación del actual Tribunal Constitucional, conocido por sus actos violatorios a la Constitución y las leyes peruanas.
