ERP. Una situación de alto riesgo para la salud pública fue constatada durante una supervisión al Establecimiento Penitenciario de Piura, realizada por la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Castilla, donde se verificó la acumulación de más de 300 toneladas de residuos sólidos, afectando directamente a más de 4 mil internos y al personal del INPE encargado de la custodia del penal.
Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades advirtieron que el servicio de recolección de basura que viene realizando la Municipalidad Distrital de Castilla resulta insuficiente, por lo que se requiere con carácter de urgencia el apoyo de maquinaria pesada adicional para garantizar el recojo total de los desechos y evitar mayores consecuencias sanitarias.
Ante esta alarmante situación, se exhortó al Gobierno Regional de Piura a disponer acciones inmediatas, en el marco del principio de cooperación con los gobiernos locales, a fin de atender esta grave problemática que compromete la salud de la población penitenciaria y del personal que labora en el establecimiento.
Asimismo, se recomendó la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para que evalúen las responsabilidades correspondientes y se adopten las medidas correctivas necesarias.
Las autoridades no descartaron que, de no atenderse esta situación con prontitud, el problema derive en una emergencia sanitaria de mayores proporciones.
