ERP. La Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, presentó un requerimiento de suspensión temporal de 36 meses contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El motivo del pedido fiscal responde a la investigación que se le sigue por la comisión del presunto delito de organización criminal.
La solicitud se presentó ante el juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria en la modalidad de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por el plazo de 36 meses, en la investigación preliminar que se le sigue por delito contra la tranquilidad pública - organización criminal agravada, y por la presunta comisión de diversos delitos contra la administración pública.
Patricia Benavides se encuentra suspendida en el cargo desde el 7 de diciembre, por decisión de la Junta Nacional de la Magistratura, por el plazo de seis meses. Esta suspensión vence el 6 de junio próximo, por lo que Benavides tiene la posibilidad de reincorporarse al Ministerio Público.
Actualmente, por falta de quorum, la JNJ no está en posibilidad de ampliar la suspensión disciplinaria o concluir su proceso de destitución. En estas condiciones, el regreso de Benavides puede afectar la normal marcha de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, además de las investigaciones en curso.
Por eso, la fiscal Delia Espinoza recurre al Poder Judicial. El juez Checkley Soria ha convocado a una audiencia pública que se realizará el 22 de mayo de 2024, a partir de las 9:30 horas, con el objetivo de debatir el pedido de la fiscalía y escuchar los alegatos de Benavides, a fin de tomar la decisión que corresponda, antes del 6 de junio.
El 10 de mayo pasado, el juez Checkley rechazó un pedido de la fiscalía para imponer un impedimento de salida del país a Patricia Benavides al considerar que se trata de una medida prematura, ya que el caso se encuentra en fase de investigación preliminar y se requiere la autorización del Congreso, a través de una acusación constitucional, para pasar a una investigación preparatoria que da inicio al proceso penal propiamente dicho.
La Fiscalía atribuye a Patricia Benavides dirigir una organización criminal que negoció y coordinó un intercambio de favores con un grupo de congresistas para lograr la suspensión de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cambio de archivar diversas investigaciones en curso, como el caso conocido como Los Niños y el gobierno de Pedro Castillo.
Ese intercambio permitía a Benavides afianzar el control del Ministerio Público con el objetivo de archivar un proceso penal contra su hermana Enma Benavides, por presunto cobro de coimas a investigados por narcotráfico para dejarlos en libertad. Además, se habría aprovechado del cargo para recibir pagos ilícitos y direccionar la contratación de servicios y la compra de equipo en el Ministerio Público.
