ERP. La Contraloría General de la República reveló que, en el año 2023, la Municipalidad Provincial de Zarumilla distribuyó a beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) el producto “entero de caballa en aceite vegetal”, que fue declarado como no apto para consumo humano por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Agricultura (SANIPES), lo que generó una grave exposición a daños en la salud de la población que lo recibió.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 034-2025-2-0476-AC (periodo de evaluación del 20 de febrero de 2023 al 28 de junio de 2024), se indica que el producto no paso el análisis al detectarse propiedades tóxicas y resistentes al calor que impiden se eliminen al cocinarse y que aparecen por la mala conservación del pescado. Ante esto, se prohibió su distribución, comercialización y consumo, ordenando su eliminación, hecho informado al subgerente de Programas Sociales de la entidad, y que el OCI de la comuna provincial también alertó y comunicó oportunamente a la entidad.
Contrariamente a lo dispuesto por SANIPES y sin ser competencia de la entidad, la mencionada subgerencia realizó otro muestreo obteniendo un resultado distinto a la inicial y procedió a entregar la conserva a 3990 beneficiarios de casi 90 comedores populares de la provincia de Zarumilla.
Cabe resaltar que las bases, requerimiento y contrato incluían una penalidad por el monto del lote del producto no apto para consumo. No obstante, se tramitó la conformidad de las últimas entregas, cuando el producto ya había sido declarado como no inocuo, permitiendo el pago total al proveedor, sin descuentos o devoluciones para reposición, lo que significó un perjuicio económico de S/ 124 mil.
Se identificó que funcionarios de la municipalidad otorgaron la conformidad en las cinco entregas pese a que el proveedor presentó certificados de calidad que no estaban vigentes; incluso, de productos distintos al que recibieron, o no brindó los certificados sanitarios requeridos en las bases. Adicionalmente, no se aplicó la penalidad por retraso injustificado en la cuarta entrega generando un perjuicio económico de S/ 14 mil.
A su vez, la comisión auditora evidenció que en el 2023 los comedores populares de la provincia de Zarumilla no contaron con alimentos por más de cinco meses. Esta situación se dio porque el subgerente de Programas Sociales elaboró el requerimiento al margen de la norma y a la falta de celeridad de las áreas competentes durante las dos convocatorias, pese a conocerse el desabastecimiento de los comedores populares.
Tras las irregularidades se identificaron presuntas responsabilidades penales y administrativa en seis funcionarios. El informe está publicado en el portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
