ERP. Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió la presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Muchos creyeron que, como hoy Dina Boluarte, se alinearía con el fujimorismo; sin embargo, su decisión de actuar con independencia lo llevó a disolver el Congreso, medida declarada constitucional, pero que le granjeó poderosos enemigos políticos cuyos enconos persisten hasta hoy.
La paradoja es evidente: el mismo día en que la presidenta Dina Boluarte promulgó una ley de amnistía considerada por muchos como una norma de impunidad, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva para Vizcarra, sin que exista aún una sentencia en su contra. Para una parte importante de la ciudadanía, esta decisión confirma la percepción de que existe un ensañamiento motivado por el temor que genera su alta popularidad de cara a las próximas elecciones generales, donde aparece como uno de los favoritos para ganar la presidencia.
Para amplios sectores de la población, Vizcarra representa la carta electoral con mayor respaldo, pero su camino ha estado plagado de obstáculos. Odiado por algunos y respaldado por muchos más, su carrera política —iniciada en Moquegua y proyectada al ámbito nacional como candidato a la vicepresidencia— ha sufrido un nuevo revés.
Procesos penales vinculados a su gestión como presidente regional de Moquegua han sido el argumento para dictarle prisión preventiva, convirtiéndolo en el quinto exmandatario peruano en perder su libertad. No obstante, la medida es cuestionada, pues el juicio oral por presunto cohecho aún no concluye, y lo lógico habría sido esperar el fallo final.
El enfrentamiento político con Vizcarra se evidenció desde el cierre del Congreso. Tras convocar a elecciones para reemplazar a los legisladores disueltos, el nuevo Parlamento terminó vacándolo bajo la acusación de “corrupto”. Después, se le impidió asumir el escaño que obtuvo con la votación más alta, fue inhabilitado en dos ocasiones adicionales, expulsado del partido que fundó y, ahora, enviado a prisión preventiva.
El juicio oral, que demoró en iniciarse pese a que la Fiscalía aseguraba tener lista la acusación, entró en etapa de audiencias con la asistencia puntual de Vizcarra, tanto presencial como virtualmente. En primera instancia, el pedido de prisión preventiva fue rechazado, pero en apelación el magistrado Jorge Chávez Tamariz dio la razón al Ministerio Público, que argumentó peligro de fuga.
Es posible que Vizcarra haya recibido dinero de origen ilícito; también es posible que no. Lo procesalmente correcto habría sido esperar la sentencia para actuar. Pero la percepción es que el encono político ha llevado a sus adversarios a seguir construyendo la imagen de un “héroe” en torno a un político que, en su momento, impulsó algunas medidas de apertura democrática en el país.
¿Será protegido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Todo parece indicar que sí. Habrá que esperar.
