ERP. El régimen que encabeza Dina Ercilia Boluarte Zegarra viene consolidando al Perú como un Estado que actúa al margen de la Constitución y de las convenciones internacionales suscritas por el país. Primero ocurrió con el polémico indulto a Alberto Fujimori, detenido tras su dación por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que el Tribunal Constitucional —con una cuestionada interpretación— decidió validar la medida bajo el argumento de que “el Estado peruano no puede aceptar imposiciones externas”.
En ese contexto, algunos magistrados del TC asumieron un rol más cercano al de defensores del reo que al de garantes de la Constitución. A ello se sumaron posturas como la del exministro de Justicia Eduardo Arana Ysa, quien adelantó que no se aceptarían “intromisiones externas”, en alusión directa a la CIDH. Finalmente, el Perú desacató las recomendaciones del organismo internacional, y el caso concluyó solo con la muerte del exmandatario, pero no con el debate de fondo.
Hoy, la promulgación de la Ley de Amnistía a favor de militares, policías y comités de autodefensa procesados por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000, marca un nuevo capítulo de arbitrariedad y autoritarismo. Esta norma beneficia a quienes fueron denunciados por ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves, además de conceder amnistía “humanitaria” a los mayores de 70 años con sentencias firmes relacionadas con la lucha antisubversiva.
El acto de promulgación fue presentado casi como una celebración, con la presencia de sentenciados y procesados por graves crímenes, lo que constituye una afrenta a las víctimas y a sus familiares, que ven negada nuevamente la posibilidad de alcanzar justicia. Cabe recordar que en intentos previos, el Poder Judicial aplicó control difuso y de convencionalidad para frenar normas similares, lo que se espera vuelva a ocurrir ante casos emblemáticos como la masacre de Accomarca, ampliamente acreditada en procesos judiciales.
De rodillas ante violadores de DDHH
Boluarte, junto a personajes como Fernando Rospigliosi, encarna hoy una línea autoritaria que busca blindaje político frente a eventuales acusaciones por delitos de lesa humanidad. Detrás de este camino estaría el interés de apartar al Perú de la jurisdicción de la CIDH, un organismo que, precisamente, ha permitido justicia en casos donde el sistema judicial nacional fue incapaz de garantizarla.
Antes y en la actualidad, el Perú no se muestra como un ejemplo de Estado de Derecho ni de administración imparcial de justicia. El caso de Pedro Castillo Terrones es solo una muestra de cómo opera un sistema que privilegia intereses políticos sobre la legalidad. Por ello, pretender debilitar la función de la CIDH equivale a despojar a los ciudadanos de uno de los pocos caminos que han permitido obtener justicia en el ámbito internacional.
La democracia peruana y el Estado de Derecho atraviesan una crisis profunda. La ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad de revertir este deterioro en los próximos procesos electorales, como única vía para frenar la deriva autoritaria y honrar la memoria de quienes fueron víctimas en los años de violencia y barbarie.
