ERP. De mantenerse la decisión política adoptada por el Congreso de la República, el próximo año se procederá a modificar la Constitución Política del Perú, para impedir las reelecciones de alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros. Como sucedió con la revocatoria, en esta medida no se consideran a los congresistas de la República, quienes mantendrán su régimen preferencial de ser intocables en una decisión institucional de esta naturaleza.
Un primer aspecto que primó en esta propuesta, está vinculado a la corrupción. Se cree que las reelecciones alimentan la corrupción y se encuentra una relación directa en su crecimiento. Si bien es cierto, que la corrupción existe, las causas que las explican van más allá del hecho político de una elección y manejo de recursos en las instituciones públicas donde ejercen el poder.
La corrupción se encuentra enraizada en la sociedad y en la institucionalidad. La población, se acostumbró al latrocinio público, a la corruptela de alcaldes y presidentes regionales; más no solo ellos, en la lista se encuentran magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, policías en general; y se extiende hasta funcionarios del gobierno nacional. La corrupción es aceptada y permitida por la población misma.
En las últimas semanas se habla de las presuntas prebendas recibidas por miembros del Jurado Nacional de Elecciones y del Tribunal Constitucional. Se les ha señalado con nombres y apellidos; contra ellos no pasa nada. Contrariamente a una actitud para esclarecer la verdad, un comunicado del JNE se defiende; el Tribunal Constitucional, dice que investigará.
En un nivel más bajo a los altos funcionarios, es común observar la corruptela de "hormiga" de decenas de policías. Reciben desde un nuevo sol y el monto puede subir de acuerdo a la característica de la infracción o de la presión. Nadie se alarma ni se sorprende. Si quieren comprobarlo, sería simple. Solo se requeriría viajar de incógnitos hacia el Puente Internacional o Tumbes y solo con observación comprobaríamos de lo que sostenemos.
En lo político, el corrupto se desenvuelve en un contexto y muchas veces asume la careta de honesto. Recientemente, un personaje de dudosa moral, ofrecía "acabar con la corrupción". Quienes lo conocen saben que eran solo palabras y no existía ninguna consecuencia entre la palabra y su acción ya conocida. Otros, gritan y fungen que son honestos, pero todas las obras públicas se adjudican al 110% del valor referencial.
El control social es importante, si se desea disminuir los niveles de corrupción. La sociedad civil debe ser más participativa para evitar que este tipo de hechos se produzcan; sin embargo, se requiere responsabilidad para no dar por ciertos los supuestos. Muchas veces es común considerar como corrupto a alguien por solo una versión periodística o un murmullo. Además, se requiere un cambio cultural para no dar por normal, este tipo de acciones.
El control institucional es básico. Contraloría General de la República, es una expresión de buenas intenciones. Dirigen sus actividades hacia donde se encuentra el barullo y actúan cuando el conflicto se presenta. No es sistémica ni oportuna. Aún con esta particularidad, durante los últimos años se evidencia que quiere hacer mejor las cosas.
Sucede lo contrario en el Ministerio Público y Poder Judicial. Aún en estas instancias, prima la dádiva y la prebenda. ¿Alguien podría explicar lo sucedido con Álvarez en Ancash o de Torres en Lambayeque?. Los fallos benevolentes se envuelven en un falso manto de decisión discrecional de nuestros magistrados. ¿Se han adoptado medidas radicales para sancionar a estos magistrados?. Nada.
La lucha contra la corrupción implica decisión, políticas públicas para combatirla y una fuerte convicción para implementarlas. No es impidiendo una reelección como se logrará.
