ERP. Pasaron 40 años después de su muerte, pero los familiares de Jaime Ayala Sulca nunca cesaron en sus pedidos de justicia. Justamente, esa decisión llega por coincidencia en el Día del Periodista, considerando que en la víspera el Poder Judicial resolvió condenar a uno de los militares responsables y reservar el fallo al ausente, emitiéndose las órdenes de captura.
En efecto, el Poder Judicial dictó 18 años de cárcel para Alberto Rivero Valdeavellano por desaparición forzada de periodista Jaime Ayala Sulca e impuso el pago de 100 mil soles como reparación civil, sentencia que marca una justa valoración a los crímenes de esta naturaleza y que por acuerdos adoptados por Perú, son imprescriptibles.
El caso se remotan a 1984, cuando el periodista que previamente intentó presentar una denuncia ante la Policía de Investigaciones del Perú y al no ser atendido, concurrió al Estadio Municipal de Huanta, donde se había instalado una base militar, para nunca más salir con vida de dicho lugar. Fue una época de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajduciales.
Lo importante de esta sentencia, tal y conforme lo ratificó el abogado Juan José Quispe, la sentencia primero descartó el pedido de impunidad, amparándose en una Ley dada por el actual Congreso; asimsimo, se hizo control constitucional y de convencionalidad, ratificando la vigencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las emtidas por las instancias internacionales.
Congreso se aferra a defender Ley de Crimen Organizado
Pese a no ser favorable para la estructura jurídica del país, el Congreso de la República se resiste a dejar sin efecto la Ley 32108, que regula sobre el crimen organizado y que para los especialistas en lugar de disuadir la actitud criminal, al contra la fomenta y la deja a su libre discreción. Al contrario, sigue en su torpe o vivaz posición de aprobar un delikto considerado como terrorismo urbano.
