ERP. La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal en ocho exfuncionarios del Gobierno Regional Tumbes por irregularidades en la adquisición de una planta de oxígeno criogénica para el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) II-2, cuya inversión superó los S/ 3 millones y que, pese a su importancia sanitaria, nunca llegó a funcionar.
De acuerdo con el Informe de Auditoría n.º 12253-2025-CG/GRTB-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 20 de septiembre de 2022, durante la elaboración y aprobación del expediente técnico del proyecto se evidenció que el área usuaria solicitó originalmente una planta de oxígeno tipo PSA de 48 m³/h, pero esta fue cambiada a una planta criogénica de 130 m³/h, sin considerar el sistema de almacenamiento necesario. Además, se contrató de manera directa a un consorcio al que se otorgó un adelanto del 70 % del monto del contrato, porcentaje superior al permitido por la normativa de contrataciones del Estado.
Planta sin sistema de almacenamiento
La adquisición de la planta sin contemplar un sistema de almacenamiento de los 3120 m³ de oxígeno diarios que debía producir impidió su prueba continua antes de la recepción, limitando completamente su funcionamiento.
Pese a ello, la planta fue recibida sin cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y, desde su recepción el 30 de diciembre de 2022, no ha producido oxígeno (0 m³/h), incumpliendo los objetivos del proyecto y generando un perjuicio al Estado.
Funcionarios involucrados y acciones recomendadas
Los hechos fueron originados por la actuación de responsables de las áreas de Infraestructura, Obras, Logística y Servicios Auxiliares, así como por los miembros del comité de recepción.
El control posterior permitió identificar presunta responsabilidad penal en ocho exfuncionarios regionales. Por ello, la Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes contra los involucrados.
Asimismo, se solicitó al Gobernador Regional de Tumbes disponer que la Gerencia Regional de Infraestructura y la Unidad Formuladora de Proyectos implementen mecanismos de control interno que garanticen el cumplimiento de todas las fases de una inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), en los plazos y condiciones establecidas por la normativa.
También se recomendó a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Oficina Regional de Administración instruir a sus funcionarios sobre la revisión rigurosa de documentos presentados por los postores en los procedimientos de selección y durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.
Finalmente, se dispuso que las áreas responsables de recepción y revisión de liquidaciones finales de obra implementen mecanismos de control de plazos contractuales, asegurando la oportunidad y legalidad de los actos administrativos.
El informe fue notificado al titular de la entidad y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.
