ERP. La presidenta sucesora de Pedro Castillo Terrones podría enfrentar el mismo destino que su antecesor. El Congreso de la República debate en estos momentos la vacancia de Dina Boluarte Zegarra, sustentada en el reciente atentado contra el grupo musical Agua Marina y, sobre todo, en los altos niveles de inseguridad ciudadana reflejados en extorsiones, asesinatos de transportistas y la violencia que golpea a distintos sectores económicos.

ERP. El Premier de la República, Eduardo Arana Ysa, salió en defensa de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tras andanada de críticas por pésimas y desatinadas declaraciones que dio tras comentar la problemática qie enfrentan los transportistas del país, e incluso actuando como un director de ética periodística lanzó sutil amenaza contra los hombres de prensa que desde sus programas calificaron opiniones. 

ERP. Dirigentes de diversos gremios de transportistas que participaron en el reciente “apagado de motores”, medida de presión para exigir respuestas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector en Lima y Callao, acudieron al Congreso de la República para sostener un diálogo con la Comisión de Transporte. Durante la sesión, las críticas contra el Poder Ejecutivo por su falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado fueron contundentes.

ERP. Jóvenes de la Generación Z, nuevamente salieron a las calles de Lima a protestar contra el gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. Tal medida la realizan pese a las descalificaciones realizadas por la presidente y sobre todo frases en su contra; durante su desplazamiento, rememoran los asesinatos que se produjeron tras la represión habida después del 7 de diciembre del 2022.

ERP. Cerca del 80 % de las empresas de transporte urbano que operan en Lima y Callao paralizaron sus actividades en protesta contra la creciente ola de extorsiones y asesinatos por sicariato que afecta al sector. El paro —que el Ejecutivo intentó boicotear sin éxito— dejó sin unidades móviles a gran parte de las rutas de la capital y logró que el Congreso se comprometa a crear un grupo especial y aprobar una ley específica para combatir estos delitos.

ERP. Las movilizaciones protagonizadas por jóvenes de la Generación Z en la capital de la República han sido, en su gran mayoría, pacíficas y legítimas expresiones del descontento social. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por un camino preocupante: en lugar de abrir canales de diálogo y reconocer el derecho constitucional a la protesta, ha decidido estigmatizar y criminalizar a quienes ejercen su ciudadanía, recurriendo a un discurso que los presenta como parte de organizaciones delictivas.

ERP. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, intentó justificar la reciente represión policial contra los jóvenes de la Generación Z, quienes salieron a las calles de Lima en las últimas semanas para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. Arana incluso dejó entrever que el Ejecutivo podría endurecer las restricciones a las manifestaciones públicas, bajo el argumento de que estas serían violentas, afirmando que el gobierno busca resolver los conflictos a través del diálogo. No obstante, lo ocurrido evidencia que es el régimen el que ha respondido con violencia a las expresiones ciudadanas.

ERP. Con determinación y valentía, desde las 5 de la tarde, cientos de jóvenes de la denominada Generación Z salieron nuevamente a las calles del centro de Lima para protestar contra el gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. Esta movilización, realizada el 27 y 28 de septiembre, marcó la sexta jornada de protesta desde la promulgación del reglamento de la Ley Previsional, norma a la que se oponen por considerarla lesiva para los trabajadores y favorable a los intereses privados.

ERP. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el Procedimiento Operativo (PO) que regula el retiro extraordinario y facultativo de fondos del Sistema Privado de Pensiones, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.° 32445. La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 03444-2025, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

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