ERP. Por Nelson Peñaherrera Castillo y Carlos Chávez Girón. Un contrato firmado en menos de 24 horas después de una denuncia formal y un ingeniero que, para quienes ejecutaron la obra que figura en su currículum, simplemente no existe. Esas dos piezas encendieron las alertas en el Concurso Público Abreviado N.° 02-2025-DSRSLCC-DEC-1, convocado por la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna para el mantenimiento del Centro de Salud Mental Comunitario Señor Cautivo de Ayabaca.
El proceso parecía avanzar dentro de los plazos: consultas, absolución, integración de bases y presentación de ofertas electrónicas. El 17 de noviembre, la entidad otorgó la buena pro a VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ADRINGSA S.R.L., que alcanzó el puntaje técnico máximo con 100 puntos y un total de 115, superando al postor que quedó segundo, M&N Construcciones y Servicios Generales S.R.L.
Sin embargo, dos días después, el 19 de noviembre, una carta notarial marcó el punto de quiebre. Provenía de RGH Group SRL, una de las empresas que integró un consorcio que ejecutó un servicio de mantenimiento de infraestructura en Sechura en 2018. La misiva señalaba errores en la documentación presentada por ADRINGSA: el nombre del consorcio no coincidía con el realmente adjudicado en aquella ejecución y el ingeniero clave acreditado, Juan Alberto Rivas Ruidias, no solo no había trabajado en el servicio, sino que era totalmente desconocido por la empresa que supuestamente lo había contratado.
Una denuncia con catalizador administrativo
El 24 de noviembre a las 3:41 p. m., M&N ingresó una denuncia pública ante la mesa de partes del Gobierno Regional de Piura, acusando a ADRINGSA de presentar documentación falsa y/o inexacta para acreditar experiencia. La constancia de trabajo sin fecha, que lo nombraba residente de obra en 2018, se convirtió en el centro del caso: no coincidían los nombres del consorcio, la denominación de la actividad ejecutada ni el personal real que participó en el servicio.
Pese a ello, la reacción de la entidad contratante fue inmediata, pero en dirección opuesta a lo esperado. El 25 de noviembre por la mañana, la denuncia ya había sido derivada internamente. Sin embargo, el 26 de noviembre, a menos de 24 horas de recibido el documento en la administración, la DSRSLCC firmó el contrato con ADRINGSA y lo subió al SEACE ese mismo día, a las 5:41 de la tarde. La velocidad del trámite dejó abierta la pregunta: ¿por qué se formalizó el contrato de manera express cuando la denuncia ya había sido registrada y derivada?
La evidencia presentada por M&N continuó reforzándose. Ese mismo 26 de noviembre, el ingeniero Luis Enrique Juárez Juárez, quien sí fue jefe de servicio del Consorcio Sechura en 2018, firmó una declaración jurada confirmando que el ingeniero mencionado en la constancia observada jamás trabajó en aquel proyecto. También precisó que el documento aludía a una “obra”, cuando en realidad se trató de un servicio de mantenimiento, otra inconsistencia que apuntaba a la presunta falsedad.
El caso avanza ahora en doble vía. A nivel administrativo, la presentación de información falsa o inexacta en un factor de evaluación constituye causal de pérdida de la buena pro y eventual inhabilitación del postor. A nivel penal, la denuncia fue registrada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, que tiene la facultad de remitir el expediente al Ministerio Público para determinar la posible comisión del delito de falsedad documental.
Presunción de integridad
En medio de las derivaciones internas, el contrato ya está firmado y vigente. La disputa gira ahora en torno a un punto crítico: si la documentación observada otorgó una ventaja decisiva a ADRINGSA en la calificación técnica. De confirmarse, el proceso debería retroceder para restituir la transparencia vulnerada en uno de los mecanismos esenciales de la contratación pública: la presunción de veracidad.
Mientras tanto, la controversia expone algo más profundo que una simple irregularidad documental. Revela cómo un procedimiento que debería garantizar igualdad de condiciones puede verse comprometido por decisiones apresuradas, inconsistencias evidentes y la falta de mecanismos de reacción dentro de la propia entidad que administra los recursos del Estado.
