ERP. En su afán desmedido de convertirse en un poder autoritario, congresistas de Fuerza Popular, vienen activando pedidos y solicitudes en contra de magistrados del Poder Judicial que en aras de su atunomía e independencia, aplican el control difuso o convencional en el caso de normas contradictorias a la legislación nacional e internacional aprobados por el Estado peruano.
El primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, anunció que ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusa de haber incurrido en prevaricato por desacatar la Ley 32107. Dicha norma precisa la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Tal y conforme lo indicaron los abogados de víctimas del terrorismo de Estado, en reciente audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Perú se observa y realiza una actitud sistémica para beneficiar a criminales y violadors, que usando su condición de militares cometieron delitos. Estas organizaciones son Fuerza Popular a la cual pertenece el exopositor y ahora adlátere de los fujimoristas, Fernando Rospigliosi.
El pronunciamiento fue realizado este mediodía en conferencia de prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
“No se puede aplicar lesa humanidad a supuestos delitos cometidos en los años ochenta y noventa. Este juez no está capacitado para aplicar el control difuso, porque la Corte Suprema ha establecido que solo corresponde en una sentencia, y él no sentencia, es juez de primera instancia”, expresó Rospigliosi.
En ese sentido, sostuvo que Concepción Carhuancho “ha inaplicado ilegal y prevaricadoramente la ley”, en referencia a un proceso seguido contra un exintegrante de la Guardia Republicana por hechos ocurridos en Ayacucho en 1984.
“El sistema judicial, politizado y prevaricador, persigue a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Esto es una prueba evidente”, lamentó el parlamentario.
Asimismo, Rospigliosi afirmó que se trata de una “persecución que no termina nunca” y acusó a algunos magistrados de negarse a aplicar tanto la Ley 32107 como la reciente norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Diario El Regional de Piura
