ERP. No quieren funcionarios incómodos y aprovechan cualquier motivo para entremeterse en la estabilidad del cargo, amenazando con la inhabilitación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio el primer paso para proceder a inhabilitar en el cargo a Delia Espinoza Valenzuela, actual fiscal de la Nación y que impidió que una resolución írrita de reposición de Patricia Benavides se consolide.
Dicha instancia, por mayoría, aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la Denuncia Constitucional 570, interpuesta por los congresistas de Renovación Popular contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, por la presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, tipificados en el Código Penal.
De acuerdo con la denuncia, Espinoza Valenzuela habría ofrecido archivar la investigación preliminar del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, acusado de obstrucción a la justicia en varios casos, a cambio de su voto en su propia elección como fiscal de la Nación, lo que implicaría cohecho activo. Tal conclusión es una construcción fantasiosa que no correspondería con la realidad.
Según indican para justificar su draconiana medida, una vez elegido, Espinoza se habría abocado al caso Sánchez sin inhibirse por conflicto de intereses, optando por el archivo de la denuncia constitucional contra el referido fiscal, obstruyendo a la justicia.
La Subcomisión recibió los votos favorables del Fujimorismo, de Alianza para el Progreso y fuerzas afines, que constituyen el denominado “Pacto Congresal” que realmente es el que gobierna el país desde la caída de Pedro Castillo Terrones.
Es necesario indicar, que Delia Espinoza sería una víctima más de las arbitrariedades de este Congreso, que legisla para promover al crimen organizado y que busca con decisiones como las que pretenden, tomar una institución clave para la investigación del delito como es el Ministerio Público. De consolidarse el abuso, sería la segunda fiscal suprema que es afectada en sus derechos.
En el caso de Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada retornó merced a una resolución del Poder Judicial, que consideró haberse violado el debido proceso.
