ERP. El Poder Ejecutivo ha decidido plantear una demanda competencial, para que no se investigue a la presidenta de la República, retrotrayendo la interpretación de la Constitución a las épocas previas de Pedro Castillo Terrones. El Poder Judicial en su momento validó que un mandatario si es posible de ser investigado y quedó igualmente firme que no puede ser acusado en cuanto sea presidente.
Obviando lo ya resuelto, la medida competencial impulsada por el Poder Ejecutivo, con el patrocinio de ministros que fungen de abogados de la presidenta, espera que haya cambios sustantivos dispuestos desde el Tribunal Constitucional. Habría que esperar la decisión final, considerando que esta instancia ha demostrado ser poco previsible en sus resoluciones y se inclina de acuerdo a conveniencia política.
Dina Boluarte Zegarra, está repitiendo las mismas irregularidades de presidentes anteriores, donde los presuntos delitos no se encuentran ajenos. Es investigada por el uso excesivo de la fuerza en el contexto de los conflictos sociales y seguramente, en algún momento, cuando pase su fortuna, será sentada en el banquillo de los acusados y probablemente alojada en alguna celda del país.
Luego, tiene en pleno proceso de investigación el caso de enriquecimiento ilícito por haber recibido relojes caros y además otor tipo de joyas, los cuales mostrabademanda competencial oronda en cada presentación pública. Este caso, conocido como de “Los Rolex” ha sido ampliado por el Ministerio Público, para complementar actos necesarios. Frente a ello, el Presidente del Consejo de Ministros, se ha convertido en escudero de Boluarte.
Conforme hemos podido observar y deducir, la Constitución Política del Perú tiene vacíos e inconsistencias que han sido modificadas de hecho. En épocas anteriores, investigar a un presidente de la República era un imposible y existen algunos hechos sorprendentes, como aquellos referidos al expresidente Alan García Pérez, cuyas carpetas fiscales fueron archivadas sin mayor argumento que el Artículo 117 de la CPP.
Todo cambió en el Ministerio Público en la gestión presidencial de Pedro Castillo Terrones, probablemente el haber sido un mandatario de una clase social diferente a lo tradicional y exógeno al sistema político, incidió mucho en la firme oposición política, que tuvo sus afectaciones en la parte judicial. Fue investigado y varias de esas carpetas se encuentran en proceso.
Si Dina Boluarte Zegarra quiere impunidad, el Tribunal Constitucional podría abrirle las puertas; sin embargo, el camino correcto sería una tutela de derechos por los procesos penales en su contra en el Poder Judicial. Como esta situación ya está dilucidada, prefiere el atajo y aprovechándose del cargo que ostenta, hace una sinuosa jugada para esperar un fallo que le favorezca.
A igual caso, igual consecuente. Esperemos el fallo final del Tribunal Constitucional.
