ERP. La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura por favorecer a empresas de transporte público mediante la entrega de autorizaciones de rutas en vías declaradas saturadas, evitando así realizar un proceso de selección para la concesión de dichas rutas. Esto permitió la prestación del servicio sin que las empresas cumplieran las condiciones generales y específicas de acceso y permanencia.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 060-2025-2-0454-AC, que evaluó el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2025, revela que se otorgaron autorizaciones a empresas privadas para operar rutas de transporte regular de personas en ejes viales saturados, pese a que —según el Plan Regulador de Rutas— estas debieron adjudicarse a través de licitación pública.
El Reglamento Nacional de Administración de Transporte define como vías saturadas a las zonas urbanas con alta demanda de usuarios o exceso de oferta del servicio, generando congestión vehicular y contaminación ambiental.
Una ordenanza municipal de 2019 declaró saturados los ejes viales de la Av. Cáceres, Av. Sánchez Cerro–Guardia Civil, Av. Grau y Av. Don Bosco, en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. No obstante, entre 2024 y 2025, la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana autorizó rutas diametrales 05, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 en estas zonas.
Rutas sin condiciones ni requisitos
La auditoría también detectó que se otorgaron autorizaciones para operar en 13 rutas diametrales (5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) sin que las empresas acreditaran requisitos técnicos, jurídicos u operativos.
Entre las principales deficiencias halladas figuran:
- Flota vehicular incompleta o en mal estado.
- Falta de terminal terrestre o zonas de estacionamiento con licencia municipal.
- Ausencia de capacitaciones para conductores.
- Documentación incompleta o no actualizada.
Deficiencias en el control y riesgo documental
El informe también advierte graves deficiencias en el control interno de la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana: expedientes, archivadores y cajas con información oficial fueron hallados apilados en pasadizos y fuera de estanterías, comprometiendo la integridad de documentos administrativos.
Acciones penales y disciplinarias
Como resultado del control posterior, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios, recomendando a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Piura deberá iniciar los procesos administrativos disciplinarios que correspondan.
El informe fue notificado al alcalde provincial y se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control del portal institucional, como parte de la política de transparencia promovida por la Contraloría.
