Ministerio Público y Contraloría coordinan acciones para promover denuncias ciudadanas de presuntos actos de corrupción

Piura
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ERP. La Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, dialogó vía teléfono con el Gerente Regional de Control de Piura, a fin de promover acciones que permitan a la ciudadanía una vigilancia continua de la labor que realizan sus autoridades y funcionarios en la actual coyuntura, a fin de detectar posibles actos de corrupción.

La Fiscal Superior dio a conocer al Gerente Regional de Control que a nivel nacional el Ministerio Público ha dispuesto activar un número de whatsapp y una dirección de correo electrónico para que la ciudadanía pueda remitir sus denuncias, acompañadas en la medida de lo posible de fotografías y/o documentos, que den cuenta sobre presuntos actos de corrupción; habiéndose habilitado en el Distrito Fiscal de Piura el número 937744739 para recibir mensajes vía Whatsapp y la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

De estas denuncias, aquellas que estén vinculadas directamente con la labor que realiza Contraloría serán puestas en conocimiento por la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de turno, a fin de realizar un trabajo integrado que permita agilizar las investigaciones de aquellos presuntos actos de corrupción, optimizando así los recursos del Estado.

Por su parte, Joan Ramírez informó a Sofía Milla que la Contraloría ha exhortado a las autoridades de los Gobiernos Locales a observar las obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para la contratación y distribución de las Canastas Básicas Familiares que se adquirirán a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco del estado de emergencia decretado por la presencia de COVID-19 en el país y que, esta semana se habilitará una plataforma web para que los alcaldes registren y sustenten en línea toda la información sobre adquisición y distribución realizada.

Dato:

Los alcaldes y sus colaboradores que hagan mal uso de los fondos económicos asignados para la emergencia se exponen a una pena de 8 y 10 años de cárcel.

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Diario El Regional de Piura
 

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